La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde este martes a seis hombres acusados del secuestro y asesinato del empresario de San Pedro de Alcántara, Fernando Moreno, en enero de 2009. La Fiscalía malagueña ha solicitado inicialmente para cada uno de los procesados una pena de 30 años de prisión y que indemnicen de forma conjunta a la familia del fallecido con 200.000 euros.
Según las conclusiones iniciales del ministerio fiscal, los acusados se pusieron de acuerdo "para realizar el secuestro" del conocido empresario marbellí, propietario de una empresa vinculada a la construcción, "a fin de obtener una sustanciosa recompensa económica, ofreciendo posteriormente su liberación a sus familiares".
Así, el escrito provisional de la acusación pública señala que sobre las 09.20 horas del día 21 de enero, fueron a la empresa en una furgoneta de color blanco y con placas de matrícula inglesa, cuyo propietario había prestado a un hombre, quien a su vez, había cedido para su uso a uno de los acusados, un empleado de la empresa de la víctima.
El empresario daba todas las mañanas a primera hora un paseo por los alrededores de la sede de la entidad antes de empezar con su trabajo, algo que los acusados sabían por el procesado que trabajaba para dicha empresa, sostiene la Fiscalía en su calificación, en la que se precisa que en ese momento, los acusados "interceptaron en su paseo" a la víctima y la metieron a la fuerza en la furgoneta.
Según el fiscal, "atándole fuertemente de pies y manos para inmovilizarle" y "amordazándole todo su cuerpo y su boca para que no gritara", le llevaron a una caseta rural de control de aguas, cerca de una carretera que une los municipios de Istán y Marbella. Una vez allí, sigue el escrito, "le dejaron solo y bien atado y amordazado para que no pudiera alertar de su presencia".
Entonces, el ministerio público entiende que los acusados se fueron del lugar "para gestionar el pago del rescate con el hijo de la víctima, despreocupándose de lo que pudiera suceder al perjudicado y en condiciones de total indefensión". El empresario falleció por anoxia encefálica, producida por asfixia mecánica por compresión cervical.
Todo esto, dice la acusación pública en sus conclusiones iniciales, "provocado por la fuerte presión ejercida en el cuerpo de la víctima como consecuencia de las ataduras y mordazas". El cuerpo sin vida del empresario fue encontrado sobre las 13.40 horas del día 22 de enero.
Para la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito de secuestro, por el que pide que se imponga a cada acusado 10 años de prisión; y otro de asesinato, por el que solicita una pena de 20 años de cárcel para cada uno. El juicio está previsto que comience este martes día 8 en la Sección Novena de la Audiencia y se prolongue a lo largo de la semana.
