El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha criticado la intención de la Diputación de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto del litoral promovido por la Junta de Andalucía. De hecho, ha pedido al PP que no utilice la institución provincial, "que es de todos los malagueños, para una estrategia de partido y para buscar la confrontación con el Gobierno regional".
"Resulta realmente paradójico que el PP, sin ningún argumento legal sólido, afirme que su principal motivo de recurso frente al plan del litoral es una supuesta intromisión en las competencias municipales", ha señalado, después de que el equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación aprobara con su mayoría, en el pleno de este pasado martes, la interposición de un conflicto ante el TC contra los artículos 2 y 3 del Decreto Ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral.
Según ha defendido este miércoles, "las cuestiones se pueden dialogar, mantener un sistema fluido de relaciones institucionales, pero, lamentablemente, éste es el concepto de autonomía local del PP y de la Diputación de Málaga". Es más, ha criticado, "lejos de intentar alcanzar acuerdos y consenso, como ha ofrecido en repetidas veces la Junta, prefiere confrontar usando como arma política las instituciones".
En este sentido, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga ha insistido en un comunicado en que la normativa impulsada por la Junta ofrece "unas garantías para nuestro espacio costero y nuestra economía" y con ella "se ayuda a garantizar el futuro del modelo turístico y medioambiental de la provincia malagueña".
"El medio ambiente costero es una de las fortalezas que debemos preservar para seguir mejorando nuestro modelo turístico, la industria que, sin duda, mejor está soportando la crisis y en la que tenemos que seguir apostando por la excelencia y la calidad", ha aseverado.
En este punto, ha mostrado su extrañeza ante el hecho de que "el PP quiera seguir apostando por el mismo modelo insostenible económicamente que está en el origen de esta crisis" y también que "sea precisamente el presidente de la Diputación y del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Elías Bendodo, el que se ponga al frente de este recurso, cuando debería entender que el decreto busca garantizar el futuro de nuestra principal industria".
Ha defendido, asimismo, la capacidad legal del Ejecutivo andaluz para suspender de forma transitoria y como medida cautelar la puesta en carga de suelos no desarrollados urbanísticamente: "lógicamente, el decreto-ley ha sido objeto de profusos análisis por parte de los servicios jurídicos de la Junta". Es más, ha indicado que varias comunidades autónomas han tomado medidas similares en la tramitación de sus planes litorales.
"CONTRADICCIÓN"
Para Ruiz Espejo, la postura de la Diputación y del PP "incurre en una gran contradicción porque no se puede decir que la Junta invade competencias con esta legislación y, al mismo tiempo, que la ordenación territorial llega tarde". En este punto, ha afirmado que los argumentos esgrimidos por la Diputación son "inconsistentes", dado que "no es cierto que el decreto-ley obligue a todos los municipios a adaptarse al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) en un plazo de ocho años".
"La norma favorece que se adapten en el plazo de revisión que hayan fijado sus propios PGOU y sólo en el caso de que este plazo no esté fijado, se marca un tope de ocho años, lo que parece más que razonable", ha manifestado Ruiz Espejo.
Además, el delegado provincial del Gobierno andaluz ha querido poner el acento en que la fórmula del decreto-ley aumenta las garantías sobre su contenido, dado que ha pasado por el Parlamento de Andalucía.
Pese a esta polémica, la Junta va a seguir con la tramitación según los plazos marcados y dando la máxima participación a ayuntamientos y agentes implicados, de tal manera que en breve el Consejo de Gobierno procederá a la formulación del plan. El documento se elaborará en unos seis meses y, posteriormente, se someterá a información pública.
