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Viernes 22/11/2024
 
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Estepona

Luz verde al convenio que podría permitir la estación de servicio en Huerta Nueva

El Pleno aprueba revertir el convenio de 2005 con Patrimonial Adonara que permitiría construir una gasolinera. La oposición muestra su rechazo y recuerda que años atrás el rechazo vecinal provocó que se diera marcha atrás.Desde el Consistorio se apunta a que la empresa podría no llevarla a cabo.

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El Pleno de este jueves ha dado luz verde, con los votos favorables del equipo de Gobierno popular y la postura contraria de PSOE y CIE, a la resolución por mutuo acuerdo de un convenio urbanístico de marzo de 2005, que supone la renuncia por parte de la sociedad Patrimonial Adonara a la futura exigencia al Ayuntamiento de una posible indemnización de 5,6 millones de euros por no haber llevado a cabo un proyecto  en una parcela junto al antiguo parque de bomberos.

Se vuelve así a la situación antes existente y se recupera el uso industrial y comercial, derivado de un convenio previo de 2000, que posibilitaba la construcción de un centro comercial y una estación de servicio. Precisamente la posibilidad de que se construya en esta zona una gasolinera ha encendido esta semana la mecha, y nunca mejor dicho, entre PP y PSOE. El portavoz socialista, David Valadez, acusa al equipo de Gobierno popular de defender los intereses de la mercantil por encima del de los vecinos y recuerda que se trata de una zona densamente poblada donde hay además una residencia de ancianos. PSOE argumenta que existen informes municipales contrarios a la proyección de la gasolinera.  "Van a someter a votación este expediente no solo en contra de los informes jurídicos y técnicos, sino también en contra del sentir mayoritario de los vecinos que residen en ese entorno", apuntó Valadez, que avanzó que dos colectivos vecinales, la Administración de Las Brisas y la Macrocomunidad Doña Erminda, han presentado este mismo jueves sendos escritos para mostrar su oposición frontal a la posible edificación de una estación de servicio.

Ciudadanos Independientes de Estepona, por su parte, ve lícita la pretensión del gobierno municipal de dar solución a un asunto enquistado hace años pero tampoco ve adecuado que en la parcela se construya una estación de servicio. "Me pregunto, ¿por qué cuando llega el PP otra vez se reactivan las licencias de gasolineras? Tenemos muchas gasolineras en el extrarradio, más de cuatro o cinco, mientras cada vez el consumo de gasolina es menor en este país. Mientras todas las ciudades grandes están intentando llevarse las gasolineras fuera del núcleo urbano, nosotros al revés, intentamos ponerla en el núcleo urbano", denunció el portavoz de CIE, Juan Manuel Rodríguez.

Puede que no sea una gasolinera

La edil de Urbanismo, la popular Susana Arahuetes, sostuvo que hay que dar cumplimiento al convenio para evitar una posible reclamación de la empresa y, en su intervención, aprovechó la ocasión para arremeter contra la gestión del anterior responsable, el socialista David Valadez, al que acusó de no hacer nada al respecto. "Nos arriesgamos como municipio a cargar de nuevo cinco millones y medio a los ciudadanos de una indemnización, yo entiendo que usted sea un irresponsable y se haya gastado 25 millones de euros del Patrimonio municipal del Suelo, haya sido capaz de meter al Ayuntamiento en una serie de pleitos que derivarán en indemnizaciones millonarias que vamos a pagar todos los esteponeros", acusó a Valadez la edil, quien concluyó que el equipo de Gobierno popular no quiere seguir la estela de la gestión socialista.

Para calmar la polémica, la responsable municipal aseguró que la mercantil que proyectaría la futura gasolinera es consciente de que la normativa  ha cambiado desde que se planteó el proyecto y, avanza, que puede que ni se construya la estación de servicio pero que en caso de que así sea, se haría cumpliendo escrupulosamente la legalidad. "El suelo de la parcela tiene ambos usos, industrial y comercial, permite hacer tanto un centro comercial como una gasolinera. No sabemos si se va a hacer la gasolinera o no, existe un proyecto de 2001 que no sabemos si se podrá adaptar a la normativa vigente. Lo que se trae a pleno es únicamente la resolución del convenio con un proyecto que habrá que modificar para cumplir la normativa, para evitar así una indemnización millonaria que no es segura, pero podría ocurrir y no estamos en una situación económica para arriesgarnos", defendió Arahuetes.

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