El Gobierno modulará a la baja e incluso suprimirá algunas de las tasas judiciales, según ha adelantado el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón en el Congreso, atendiendo así a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, con la que ha tenido ocasión de reunirse este martes.
"El Gobierno asume las recomendaciones del Defensor del Pueblo y articularemos los procedimientos legales adecuados para introducir esas recomendaciones en la legislación", ha asegurado el titular de Justicia, al mismo tiempo que ha indicado que intentará que la Ley de Justicia Gratuita entre en vigor "lo antes posible".
La Defensora del Pueblo, que tiene de plazo hasta el próximo día 21 para decidir si recurre ante el Constitucional la Ley de Tasas, ha hecho entrega al ministro de un escrito en el que le recomienda una "modificación sustancial" del sistema de tasas judiciales.
En el texto recomienda reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos.
Asimismo, propone la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las de los procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo.
Por último, la Defensora recomienda devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita.
