El alcalde de Antequera, Manuel Barón, exigió a la Delegación Provincial de Educación que rectifique inmediatamente su resolución de no admisión el próximo año de los alumnos de infantil del Colegio María Inmaculada a los que se les aplicó una medida cautelar mientras se investigaba el posible fraude en el padrón de ocho menores de ese centro.
El regidor antequerano negó además las acusaciones de Educación que aseguró que «a fecha de hoy, el Ayuntamiento de la localidad no ha notificado a esta Delegación la veracidad o no de los datos del padrón». Barón especificó que los informes están enviados y con las comprobaciones hechas por parte de la Policía Local. Es más, Barón mostró los documentos, sin datos personales, con las fechas en las que se comprobaron los datos y se enviaron a la Delegación.
Por su parte, la secretaria general del PP de Antequera, Ana Cebrián, dijo que se deben preservar los derechos de las familias y de los alumnos, que ya se encuentran matriculados y perfectamente integrados en su grupo de compañeros de clase.
Barón ya defendió su actuación en un tema que no es competencia municipal pero a pesar de todo ha estado en contacto directo con los padres y ha mediado con Educación en varias reuniones en Málaga, además de poner a disposición del ente responsable todos los medios disponibles.
Así, Cebrián destacó que el Ayuntamiento de Antequera ha jugado un papel muy activo en esta situación, colaborando en todo lo que ha sido solicitado con el objetivo de que se encontrase una solución para estas familias, «pero la Delegación ha tomado por sorpresa una resolución unilateral que no se ajusta en lo más mínimo a lo que es adecuado ni razonable».
El PP hizo también mención a la aplicación de la nueva normativa de la ratio. Así, dicen que el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo contempla que las Administraciones educativas podrán ampliar hasta un 20 por 100 el número máximo de alumnos. «Lo dispuesto en este artículo resulta de aplicación tanto a los centros docentes públicos como a los privados sostenidos con fondos públicos», afirman fuentes del PP, que añaden que la legislación vigente avala que se mantenga la medida cautelar –que se aplicó en el curso 2012/2013– de escolarizar a los niños donde solicitaron.
El PP finalizó asegurando que continuarán luchando por los derechos de estos niños.
