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Jueves 14/11/2024
 
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Sevilla

El alcalde de El Coronil afirma que esta semana Tragsa empezará a cumplir los "servicios mínimos"

El SAT acusa al Ayuntamiento de "permitir" un 'macrobotellón' "sin policías locales" que dejó "varias peleas", algo que el alcalde niega

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El alcalde de El Coronil (Sevilla), Jerónimo Guerrero (PSOE), ha garantizado que esta misma semana se "empezarán a cumplir los servicios mínimos" de recogida de basuras en el municipio después de que la Junta haya encomendado a la empresa pública Tragsa que intervenga para recoger los residuos de esta localidad que lleva casi dos meses con una huelga en el servicio municipal de recogida de basuras convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

   Guerrero ha explicado en declaraciones a Europa Press que la Delegación del Gobierno de la Junta ya ha hecho una encomienda de gestión a la empresa Tragsa, dependiente de la Administración central, para que se haga cargo de hacer cumplir los servicios mínimos dado de que "el 90 por ciento" de los operarios municipales --cuatro de cinco-- están de baja médica.

   Por ello, el regidor socialista ha anunciado que estos días comunicarán a Tragsa los "servicios mínimos de la huelga", esto es, "limpieza en días alternos del municipio"; por lo que entiende que esta misma semana se iniciarán los trabajos de recogida de las "más de cien toneladas" de residuos que se acumulan en la localidad, según el alcalde.

   Cabe recordar que a mediados del pasado mes de febrero ya intervinieron efectivos de Tragsa para recoger toda la basura orgánica del municipio después de que la Consejería de Salud decretase que existía "riesgo sanitario" en la localidad por la acumulación de residuos.

'MACROBOTELLÓN' DEL VIERNES

   Por su parte, el SAT ha denunciado este domingo que el pasado viernes se produjo una 'macrobotellona' en El Coronil que, además de "dejar el pueblo en unas condiciones lamentables" y a merced de "coches y motos circulando a gran velocidad" haciendo "carreras y caballitos"; se produjeron "cinco peleas, algunas de ellas muy graves", sin que el Ayuntamiento pusiera "ningún medio para prevenir una fiesta de esas características".

   Desde el sindicato que lidera el exalcalde del Coronil, Diego Cañamero, afirman que ese día "no hubo policías locales" en el municipio, reprochando que los efectivos sí han estado presentes junto con la Guardia Civil para "proteger a los esquiroles para romper la huelga".

   Al respecto, el alcalde ha manifestado no tener "constancia de ninguna pelea" el viernes, asegurando que sí hubo presencia de Policía Local. De hecho, ha explicado que esta 'macrobotellona' es un evento que se viene celebrando desde hace años en la localidad por estas fechas, tras los exámenes de febrero, que congrega a jóvenes de municipios vecinos y que el Ayuntamiento "tenía previsto", por lo que este domingo un dispositivo especial de limpieza viaria han recogido los restos dejados en el suelo por el 'botellón'.

EL CONFLICTO DE LA BASURA

   El SAT convocó esta huelga indefinida en el servicio de limpieza urbana el pasado 8 de enero por la anulación de una bolsa de empleo asociada a este servicio público. Cañamero avisa de que la huelga se prolonga ya durante 55 días, algo que atribuye a la negativa del alcalde a reactivar esta bolsa de doce años de antigüedad para que los vecinos apuntados accedan a trabajar en este servicio.

   Así, Cañamero esgrime que esta bolsa de empleo implica un coste anual de menos de 25.000 euros, mientras el Ayuntamiento ha gastado ya "25.000" euros en las actuaciones de Tragsa y ha dejado de ingresar "38.000" al anunciar que no cobraría el recibo de la basura a los vecinos a cuenta de la huelga.

   Por su parte, Guerrero afirma que la anulación de esta bolsa de empleo responde a la tasa cero de reposición de efectivos estipulada para las administraciones por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tanto para 2012, como para 2013, así como por acuerdo propio del Ayuntamiento. Asimismo, esgrime que hay fórmulas para redirigir las personas inscritas en esta bolsa de empleo hacia otros programas de la misma naturaleza. En paralelo, ambas partes se acusan mutuamente de impedir el cumplimiento efectivo de los servicios mínimos, porque también discrepan en la interpretación de los mismo.

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