Una amplia representación de afiliados de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Sanlúcar celebraron días atrás una asamblea para analizar y valorar la política de acción sindical que, según han trasmitido en un comunicado, “está repercutiendo negativamente en la tutela de los propios intereses de los afiliados a favor de otros grupos y otros objetivos ajenos a la razón de ser del sindicato en Sanlúcar y de la defensa de nuestro convenio”.
En este sentido, los trabajadores acordaron “desautorizar” a Manuel Romero Caro como delegado y portavoz sindical de Comisiones Obreras y constutirse estatutariamente como “grupo de opinión crítico” al no sentirse representados. Esta reunión se produjo días después de que el delegado sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sanlúcar, Manuel Romero Caro, se posicionara a favor del Sindicato Independiente y del CSIF enel conflicto policial con el equipo de Gobierno.
ARGUMENTOS
Entre las acusaciones que lanzan sobre el histórico sindicalista, señalan que sienten “secuestrada la democracia interna y perseguida la libertad de expresión que siempre nos distinguio”. También lamentan “las descalificaciones que vierte en una cruzada demagógica a compañeros afiliados al sindicato”. Pretenden evitar la división de la plantilla, así como mantener la unidad de acción del comité y Junta de Personal que, según señalan, “no se debe romper porque perjudican los intereses de toda la plantilla”.
En este sentido, reivindican un delegado sindical “que no esté condicionado por otros compromisos sociales que desenfoque sus obligaciones por y para el afiliado”, así como que se marque una política sindical acorde a los estatutos de CCOO y “a la realidad que lamentablemente vivimos” . En la misma línea, este grupo de afiliados de CCOO críticos con la labor desempeñada por el delegado sindical Manuel Ronero Caro, lamentan que “el circo mediático que suponen sus opiniones persoales en nombre de CCOO está dañando hasta su propia imagen”.
Tras la asamblea, este grupo de afiliados críticos decidió informar a la dirección provincial del sindicato al objeto de que “arbitre y tome las medidas pertinentes ante la gravedad de los hechos y las acusaciones”. En la base de su malestar se encuentra la consideración de que “todos son necesarios para conseguir la unidad de la plantilla, el respeto público y político en la sociedad en la que vivimos”, tal y como han plasmado en un comunicado.
