El secretario de Política Municipal del PSOE-A y portavoz socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha comunicado este martes que su partido se ha visto "obligado" a acudir a los tribunales para poner en su conocimiento la existencia de "posibles irregularidades" en el expediente del gran bulevar del municipio malagueño de Estepona.
"Durante mucho tiempo venimos pidiendo explicaciones y la respuesta que hemos obtenido es la del silencio. No podemos permanecer impasibles ante esta situación, ya que nos tememos que no se están defendiendo los intereses generales de la ciudad", ha señalado en rueda de prensa Conejo.
El dirigente socialista ha asegurado que "el alcalde, José María García Urbano (PP), ya ha tomado su propia decisión por todos los esteponeros sin preguntarle a la ciudad si quiere que tenga un uso público o privado". "Ni tan siquiera ha cuestionado a los padres y madres de los alumnos escolarizados en el colegio Valeriano López", ha apuntado.
Por ello, Conejo ha manifestado que "el alcalde debe explicar si está defendiendo los interés particulares de unos pocos o los generales de todo el pueblo de Estepona".
"La opacidad en este expediente es absoluta; el alcalde debería resolver todas los indicios de irregularidades que hemos detectado y aclarar el futuro de un proyecto que gira en torno a la puesta a disposición de una empresa privada de terrenos por importe de 18 millones de euros", ha lamentado.
A su juicio, "el Ayuntamiento sigue sin aclarar qué es lo que hay detrás de este proyecto estrella del PP; estamos convencidos de que todo es humo y que no hay nada". "Como también son humo todos los puestos de trabajo en dicho proyecto que había prometido García Urbano hasta hace unos pocos días", ha advertido el portavoz socialista en la Diputación.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona, David Valadez, ha indicado que "el gran proyecto del PP en este mandato, el conocido como gran bulevar, no es más que la muestra inequívoca de la absoluta opacidad del actual Gobierno local".
Valadez ha recordado que el pasado 6 de marzo tuvo lugar una mesa de contratación para analizar la documentación administrativa del procedimiento para la concesión demanial del uso privativo de una serie de inmuebles de equipamiento comunitario.
A esa mesa, según consta en el acta, acudieron todos los tenientes de alcalde del Ayuntamiento, pero, "de manera sorprendente, tres de ellos no pusieron su firma en el acta; en concreto, Manuel Aguilar, María Dolores Espinosa e Ignacio Mena".
"Posiblemente, ese sea el resultado de su negativa a validar un procedimiento que la propia secretaria de la mesa de contratación, Marta Outón, pone en tela de juicio tal y como evidencia, de su propio puño y letra, de la siguiente manera: "diligencia: para hacer constar que las dos ofertas presentan la documentación técnica abierta --sin incluirla en sobre alguno--", ha expuesto Valadez.
Asimismo, ha continuado explicando que, "por si no fuese suficiente, en ese mismo acta se hace constar que se invita a pasar a los representantes de las empresas licitadoras y entra Andrés Martín, que se identifica como mandatario verbal de Mazabi Gran Bulevar, al que se le comunica verbalmente la documentación que deberá subsanar la empresa en un plazo de siete días naturales computados a partir del siguiente acto".
"Por si alguien no lo sabe aún --ha precisado--, Andrés Martín, y no voy a entrar en otro tipo de consideraciones, es la pareja sentimental de la secretaria general del PP y concejala de Playas del Ayuntamiento de Estepona, Susana Aragón".
Al día siguiente, ha agregado, "la señora Outón remite un correo electrónico a Martín, en el que le indica que, entre otras cuestiones, debe subsanar la deficiencia referida a la garantía provisional". "En concreto dice que deberá acreditarse la constitución de la misma en forma y cuantía prevista en el artículo 8 del pliego de condiciones", ha aseverado.
Además, ha recordado que, "según el artículo 60 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la garantía provisional será del dos por ciento del valor del dominio público objeto de ocupación y explotación por el concesionario". "De acuerdo con la valoración de dicho dominio público contenida en el informe de los servicios técnicos municipales de 26 de noviembre de 2012 --ha indicado--, la garantía provisional asciende a la suma de 343.455 euros".
"Pues el 12 de marzo la empresa dice, y es textual, que en relación con la constitución de la garantía provisional a la que hace referencia el apartado tres del requerimiento se indica que el aval es parte de la financiación solicitada a las entidades bancarias actualmente en estudio por éstas", ha señalado Valadez.
El edil socialista, además, ha informado de que la sociedad Mazabi Gran Bulevar, según el Boletín Oficial del Estado (BOE), se inscribió en el registro mercantil de Vizcaya el 1 de febrero de este mismo año, con un objeto social que es la compra, suscripción, tenencia permuta y venta de participaciones sociales y valores mobiliarios y cuenta con un capital social de tan sólo 3.006 euros.
