La Fiscalía de Sevilla ha pedido ocho años de cárcel, 32 años de inhabilitación, y el pago de 257.577,87 euros en concepto de responsabilidad civil para el exalcalde de La Algaba José Luis Vega (IU-CA) por supuestas facturas falsas, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.
En dicho escrito, elevado al Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, el Ministerio Público solicita para el ex primer edil ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito también continuado de prevaricación.
Asimismo, el fiscal pide cinco años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para los exconcejales de Deportes, Manuel Ortega; de Medio Ambiente, Antonio Miguel Gutiérrez, y de Fiestas, Juan Francisco Calderón, a los que considera cooperadores necesarios.
De igual modo, solicita que todos los acusados indemnicen de manera conjunta al Ayuntamiento de La Algaba con 257.577,87 euros en concepto de perjuicios irrogados al Consistorio "con su ilícito proceder".
El Ministerio Público asevera que, en el periodo en el que ostentaron el poder en el Ayuntamiento, los acusados "se dedicaron, prescindiendo de las más elementales normas de procedimiento y pese a conocer el carácter vinculante de las mismas, a suscribir contratos de obras y/o servicios en muchas ocasiones sin el preceptivo expediente de licitación pública" y "en muchas ocasiones sin la necesaria consignación presupuestaria".
FACTURACIÓN POR TRABAJOS "INEXISTENTES"
Según el fiscal, algunas de las facturas "obedecieron a trabajos para los que el Ayuntamiento contaba con personal propio o concierto de colaboración con otras entidades, con lo que no procedía contratación de terceros", a lo que añade que "parte de la facturación" respondió a trabajos "inexistentes, indicando conceptos ambiguos e insuficientes para determinar la naturaleza de la obra, lo cual ha desembocado en la imposibilidad de acreditar con certeza la realidad de los trabajos prestados".
El fiscal precisa, en un escrito de acusación consultado por Europa Press, que cada una de las facturas "controvertidas" contaban "con el visto bueno del respectivo concejal", de manera que los acusados, "pese a conocer de las irregularidades en la contratación, no tuvieron reparo en refrendar el negocio estampando visado y firma en las facturas que se iban presentando".
Al hilo, añade que los servicios de intervención del Ayuntamiento "extendieron informes de reparo frente a las órdenes de pago" de las facturas "controvertidas", bien "por falta de consignación presupuestaria, lo cual suponía que dicho gasto debía someterse a aprobación por el pleno del Ayuntamiento; bien porque por la cuantía de lo facturado se requería incoación de expediente de contratación, el cual no constaba tramitado", o bien "porque el concepto de la factura no servía para definir suficientemente la naturaleza del servicio facturado".
VEGA ORDENÓ LOS PAGOS PESE A LOS INFORMES DE REPARO
De dichos informes de reparo se dio cuenta al acusado y entonces alcalde, "quien pese a lo cual ordenó los pagos", constando que "ni por el alcalde ni por los concejales competentes se adoptó la más mínima diligencia para comprobar la realidad de la obra o servicio a la que obedecían los pagos ordenados".
Tras indicar que "gran parte" de las contrataciones cuestionadas adjudicaban la obra o servicio "siempre" a las mismas empresas, el fiscal enumera hasta 13 facturas que "resultan controvertidas cuando menos", facturación a la que se suman además otras contrataciones llevadas a cabo por el exalcalde "conociendo y consintiendo que se prescindiera de esenciales normas de procedimiento".
Así, relata que el 14 de febrero de 2007 José Luis Vega suscribió con una empresa un contrato de ejecución de obra por importe orientativo de 50.164 euros, "si bien el valor de la obra realizada superó con creces dicha cantidad", mientras que el exalcalde, "pese a tener conocimiento que por dicho importe era preceptivo expediente de licitación, obvió intencionadamente el trámite adjudicando directamente la obra" a la citada empresa, que ejecutó la obra en un solar de titularidad privada "sin motivo alguno que justificara debidamente tan importante gasto en suelo no público".
DEMANDA DE LA SGAE
Añade el fiscal que el 3 de mayo de 2007, y "excediéndose en sus atribuciones como máxima autoridad municipal", José Luis Vega autorizó la colocación de un kiosko en una plaza del pueblo sin incoar el preceptivo expediente administrativo, mientras que en abril de 2008 contrató un concierto a favor de la Hermandad Nuestra Señora de la Soledad por un importe de 34.800 euros "prescindiendo del preceptivo expediente administrativo y pese a saber que estaba obligado a ello".
Así, se facturó al Ayuntamiento el 50 por ciento --17.400 euros--, "sin que conste en Intervención que se haya ingresado en Tesorería el producto de la venta de las entradas, por lo que se extendió informe de reparo, pese a lo cual el acusado ordenó el pago". No obstante, y como quiera que no se satisfizo la totalidad del precio pactado, el Ayuntamiento ha sido demandado por la SGAE.
"Manteniéndose en su intencionado e irregular proceder como alcalde", el 26 de julio de 2008 firmó una resolución por la que concedía licencia urbanística de primera ocupación de 81 naves industriales pese al informe desfavorable del Ayuntamiento.
"DERROCHE EN IRREGULARIDADES"
Además, en el verano de 2009, "con conocimiento y consentimiento del concejal de Deportes", cedió las instalaciones del pabellón deportivo al SOC a fin de que pudieran pernoctar, sufragando el Ayuntamiento la cena y el desayuno de los 400 integrantes del sindicato y extendiéndose una factura de 4.800 euros en la que se indicaba como concepto 'comida clausura escuela deportiva', "cuando en realidad dicho montante obedecía a las dietas indicadas".
El acusado, asimismo, "no ha tenido reparo en encargar trabajos de copistería que constituían folletos de propaganda política de IU, repercutiendo las deudas generadas por dichos encargos a las arcas municipales".
El fiscal asevera que "era tal el derroche en irregularidades por parte del equipo de gobierno y el perjuicio que se estaba generando al erario municipal, que en julio de 2009 se presentó moción de censura contra" Vega, quien sabedor de que la misma "iba a prosperar" se "apresuró días antes a firmar múltiples órdenes de pago de facturas que contaban con el visto bueno del concejal del área a la que correspondía el trabajo contratado".
FACTURA "DUPLICADA"
La mayoría de las órdenes de pago databan del 16 de julio de 2009 y ascendieron a 257.661,67 euros, asevera el fiscal, quien relata que, una vez denunciados los hechos, el nuevo gobierno municipal inició expedientes de intervención a las empresas favorecidas con tal "ardid", de manera que "se ha podido comprobar la existencia de más facturas con informe de reparo, principalmente por falta de expediente de contratación, e incluso alguna factura duplicada".
Hay que recordar que, en una sentencia conocida la pasada semana, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Vega a dos años y seis meses de cárcel por pedir a unos empresarios una comisión de 60.000 euros a cambio de la concesión de una licencia.
