A las tradicionales reticencias de muchos de los países de la Europa oriental, que temen el impacto de esas medidas sobre su economía, se suman las de otros como Italia y Alemania, preocupados por las consecuencias de esas propuestas en plena crisis financiera.
La primera reunión de ministros desde la cumbre europea de la semana pasada, donde se confirmaron los objetivos de la Unión contra el calentamiento global, puso de manifiesto que hará falta mucha voluntad política para resolver en los dos próximos meses los asuntos más controvertidos.
El ministro francés de Ecología, Jean-Louis Borloo, cuyo país preside la UE este semestre, aseguró, que la cita de ayer permitió constatar que los países quieren acercar posiciones y llegar a un acuerdo en el plazo previsto.
La titular española, Elena Espinosa, afirmó que los Veintisiete deben impedir los intentos de retrasar la aplicación de los planes y subrayó que la crisis económica no puede utilizarse como pretexto para incumplirlos.
Espinosa señaló que España está dispuesta a ser flexible en algunos puntos, pero advirtió de que no admitirá cambios en la fecha de referencia que servirá para medir los progresos de la industria para reducir las emisiones de CO2.
Los estados miembros del Este piden que ese año cambie de 2005 a 1990, algo que reduciría los progresos que deben hacer.
En la pasada cumbre europea el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ofreció aplazar a la cumbre de diciembre el acuerdo final de los planes contra el cambio climático lo que hará necesaria la unanimidad y permitirá a cualquier país oponer su veto.
En el debate que se celebró ayer lunes, los ministros de Italia y Polonia, que ya han amenazado con recurrir a esa opción, hablaron abiertamente de posponer más allá de diciembre el acuerdo en el caso de que no se logre un pacto “factible”, explicaron fuentes comunitarias.
