El Partido Popular (PP) del municipio malagueño de Torrox ha exigido a la Junta de Andalucía que actúe en los juzgados del municipio para que se garanticen las condiciones de accesibilidad y el mantenimiento de las instalaciones.
La secretaria general del PP de Torrox y diputada nacional, María Baena, ha indicado que este inmueble, propiedad del Ayuntamiento, no cuenta con las condiciones "adecuadas para el perfecto desarrollo del trabajo de los empleados de los juzgados ni con las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad".
Por ello, ha recordado que los 'populares' presentaron una moción al pleno del Consistorio para que el Gobierno autonómico llevase a cabo estas actuaciones en los juzgados, rechazada por PSOE e Izquierda Unida (IU), a cuyos dirigentes locales ha solicitado "altura de miras".
Así, Baena les ha instado a "luchar por los vecinos y no por los sillones de la Junta de Andalucía" al tiempo que ha recordado que la Junta es la administración competente en organismos judiciales y, por tanto, "responsable del estado en el que se encuentran los juzgados de Torrox".
Ha recordado que hace unos meses el consejero de Justicia, Emilio de Llera, "anunció obras de mejora, pero se quedaron sólo en eso, en un simple anuncio". "Si la Junta quiere demostrar su compromiso con este municipio, que atienda a esta reclamación y cumpla con sus obligaciones, ya que PSOE e IU no se atreven a plantearlo vaya a ser que en el bipartito se molesten", ha apostillado.
REFORMA DE PARTIDOS JUDICIALES
Por otra parte, Baena ha explicado que su formación se ha abstenido en la votación de una declaración institucional en contra de la reforma de partidos judiciales por considerarla "oportunista, partidista y que carece del más mínimo rigor".
"La presentaron por vía de urgencia y en unos términos que no se corresponden con la realidad, ya que hablan de una decisión del Gobierno, cuando la reforma de los partidos judiciales emana de una comisión de expertos", ha aclarado la 'popular', quien ha insistido en que esta propuesta "en ningún caso habla de la desaparición de unidades administrativas, si no de la racionalización de la justicia, de eficiencia y especialización".
