La Guardia Civil ha apreciado un posible delito por parte de los patronos de la Fundación deSevilla en la gestión de subvenciones oficiales, entre ellos el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).
Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO), al que ha tenido acceso Efe, dice que los patronos de la Fundación entre los años 2008 y 2011 "eran sobradamente conocedores de la situación económica" de la Fundación "y no tomaron las medidas que solucionaran las deficiencias detectadas año tras año".
Dice la UCO que de los hechos investigados "se desprende cuando menos la existencia de delitos societarios y contra la Hacienda Pública" de los que culpa a los patronos de la Fundación, entre los que se encontraban el anterior alcalde, que era presidente del Patronato, y varios concejales socialistas.
La Guardia Civil afirma que "reiteradamente" el interventor municipal advertía de irregularidades en las subvenciones y en los correspondientes convenios de colaboración, pese a lo cual las ayudas "fueron aprobadas sin ser tenidos en cuenta" sus consejos.
En concreto, en una serie de expedientes que suponían en su conjunto 935.890 euros de deuda para las arcas municipales "no se tomaron medidas legales para proceder a la recuperación de esas partidas", indica el atestado entregado al juzgado de instrucción 16 de Sevilla, que ya ha imputado en la causa al exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU), al exconcejal Carlos Vázquez (IU) y al exgerente de la Fundación Miguel López Adán.
La UCO afirma que los votos de los patronos "eran determinantes para continuar o no con esa línea de actuación que ha desembocado en la apertura de diligencias previas", por lo que los investigadores ven "evidentes responsabilidades en la gestión de la Fundación" por parte de López Adán y Vázquez.
Según los investigadores policiales, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla "estaba o tendría que estar al corriente" de los informes negativos de la Intervención, "y por consiguiente hizo caso omiso al contenido de sus conclusiones, lo cual debió ser una práctica habitual durante el periodo objeto de análisis, aprobándose una y otra vez las subvenciones solicitadas por la Fundación".
El atestado enumera 15 reuniones presididas por Sánchez Monteseirín en las que se aprobaron subvenciones como la celebrada en julio de 2008 que otorgó 57.000 euros para formar a diez universitarios saharauis.
El interventor discrepó en la fórmula de selección de los jóvenes, que fue realizada "sin unos mínimos requisitos de publicidad, concurrencia y baremo de méritos" y de los diez seleccionados sólo cinco pudieron realizar los estudios universitarios por problemas de tipo curricular, dice la UCO, y añade que "posiblemente si se hubiera tenido presente el informe del interventor en cuanto a requisitos mínimos no hubiera surgido este problema".
Otra reunión en julio de 2007 aprobó un programa para el fomento del consumo sostenible de agua y para el eliminación de fugas en las instalaciones de La Habana, Nuakchot (Mauritania) y para gestión de residuos en la playa de Varadero (Cuba), en este último caso con una ayuda de 52.500 euros (el 75 % de los 70.000 que se concedieron) que "nunca se justifico ni se devolvió".
En otra sesión de 31 de octubre de 2007 se aprobó un convenio de colaboración para la realización de un programa jóvenes brigadistas en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf para enviar a 25 jóvenes sevillanos que, pese al anuncio municipal de que serían seleccionados en convocatoria pública, no consta el cumplimiento de tal trámite.
La UCO señala en "acentuado paralelismo" entre dos ayudas de 742.500 y 713.315 euro en las que se adelantó el 75 por ciento, se pidieron ampliaciones de los plazos de justificación, finalmente no se justificaron ni se reintegraron las cantidades y además "no existe constancia documental de que por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento se acordaran medidas legales tendentes a la recuperación de ese dinero público".
