A las 08.30 horas daba comienzo la sesión plenaria de carácter extraordinario en la que se aprobaba la modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Cádiz al objeto de regular el sistema de petición de palabras de los ciudadanos, colectivos, asociaciones y otras entidades.
En este Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Cádiz, en el que también se trató la modificación del contrato del centro del mayor ‘Micaela Aramburu’, se aprobó con los votos a favor del equipo de Gobierno esta medida que establece que por sesión plenaria habrá un máximo de siete intervenciones para ciudadanos y entidades ciudadanas, con un límite de tiempo de tres minutos cada una.
Tanto Izquierda Unida como PSOE votaron en contra de esta modificación, ya que en opinión de ambas formaciones se “ataca la libertad de expresión”. En este sentido, Fernando Vivas, edil de IU, dijo que el Gobierno local pretente “acallar la voz de los ciudadanos para que no se expresen en libertad”, mientras que el portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretario general del PSOE de Cádiz, Francisco González, indicó que esta modificación del Reglamento Orgánico es un “filtro político para impedir la libre participación de la ciudadanía en los plenos”. al tiempo que añade que es en su opinión “un triple sistema de censura que incluye la obligatoriedad de comunicación previa del deseo de intervenir, lo que a su vez derivará en una selección de la temática y de la persona que vaya a tomar la palabra. En suma, se trata de un marco que consagra la discrecionalidad y la arbitrariedad como principios básicos con los que acallar toda voz crítica en los plenos”.
Opiniones que evidentemente no comparte el Gobierno Local que lidera la alcaldesa Teófila Martínez. Así, el edil Ignacio Romaní defendió la modificación y esgrimió un cartel en el que se podía leer que ‘Los ciudadanos pueden hablar. En el Ayuntamiento de Cádiz: 7; en otras capitales:0”. Y es que Cádiz es la única capital andaluza en cuyo Pleno pueden tomar la palabra los ciudadanos, y no solamente entidades y colectivos. Romaní aseguró que “si gobernase la oposición... aquí nadie podría hablar”.
Además, desde el equipo de Gobierno defienden que la participación en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz de los ciudadanos “solo fue permitida cuando llegó a la alcaldía Teófila Martínez”, y recuerdan como ejemplo que en la época del gobierno del PSOE en la ciudad no se recogía esta posibilidad en el reglamento orgánico. Por eso, entienden que se hacía “necesario” regular mediante un artículo concreto “el modo y forma en la que los ciudadanos podrán participar”.
