Unos 20.000 pacientes malagueños podrían verse afectados por la decisión del Gobierno de cobrar por 43 medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias a enfermos de esclerosis múltiple, artritis reumatoide o cáncer de riñón, entre otros, según ha indicado el secretario general del PSOE de Málaga y diputado nacional, Miguel Ángel Heredia, y la presidenta del partido y portavoz socialista en el Ayuntamiento, María Gámez.
Los dirigentes socialistas se han reunido este martes con representantes de la Asociación de Esclerosis Múltiple, Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales, Asociación de Afectados Polio y Postpolio y Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios.
Según Heredia, la medida adoptada por el Gobierno del PP "obliga a los pacientes no ingresados a pagar el 10 por ciento del precio de la medicación que recojan en la farmacia del hospital", con un tope de 4,20 euros por medicamento.
"Hablamos de medicamentos que además de tratar la enfermedad permiten mejorar los síntomas de la misma y por lo tanto la calidad de vida de los pacientes afectados", ha asegurado. El copago aprobado por el Gobierno es de obligado cumplimiento para las autonomías, ha recordado, sin embargo, ha recalcado que la Junta de Andalucía "ya ha anunciado que no lo aplicará".
Con este copago, ha continuado el diputado socialista, el ahorro en España sería "como mucho de 1,7 millones de euros, medio millón en Andalucía; una cifra inferior al coste de las medidas organizativas, administrativas e informáticas necesarias para poder aplicarlo".
El líder del PSOE de Málaga ha informado de que la "imposición" del Ejecutivo 'popular' "preocupa porque vuelve a incidir en una población de bajos ingresos, que tendrán un nuevo obstáculo no sólo por el coste sino por el riesgo de que abandonen sus tratamientos, con el peligro que ello conllevaría sobre el control de la enfermedad o la propia vida de los pacientes".
Los medicamentos incluidos en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) son, en su mayoría, "imprescindibles para la vida de los pacientes y vitales para el control de su enfermedad, tal es el caso de las enfermedades oncológicas o las infecciosas".
Además, a ello se suma que la mayoría de estos pacientes están tomando fármacos que retiran mediante receta en las oficinas de farmacias y que están afectados por el copago que se aplica desde el 1 de julio de 2012, ha añadido Heredia.
El socialista ha acusado al Gobierno central de "querer hacer negocio con los enfermos" y ha añadido que el ya retiró del Sistema Nacional de Salud algo más de 400 medicamentos. "Más de 115 de esos medicamentos han subido un 25 por ciento y otros 68 han incrementado más de un 50 por ciento su precio", ha lamentado, al tiempo que ha añadido que "nuestros pensionistas, más de 240.000 en la provincia, están pagando el copago farmacéutico y ahora el copago hospitalario", ha concluido.
"INJUSTICIA Y CRUELDAD"
María Gámez, por su parte, ha considerado una "injusticia y crueldad" estas medidas, que se agravan para los pacientes crónicos, algo que se une "a la ya difícil situación personal derivada de la gravedad de sus dolencias".
En este sentido, ha criticado la "falta de sensibilidad" del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, "que rechazó en la pasada Comisión de Derechos Sociales oponerse al nuevo copago de fármacos que se dispensan en los hospitales de manera ambulatoria".
Además, ha criticado la "oposición del PP a que el Ayuntamiento de Málaga realizara las acciones necesarias para tener pleno conocimiento del número exacto de malagueños afectados por esta medida" y la puesta en marcha de una partida presupuestaria destinada a cubrir la financiación de los medicamentos a los enfermos crónicos de Málaga.
Ha lamentado que se "rompa con la equidad" del sistema de salud y que esto afecte a los enfermos "más vulnerables y desfavorecidos económicamente". La socialista ha abogado por que el copago lo asuman los grandes laboratorios farmacéuticos, y ha apostado por la subasta de medicamentos como alternativa a esta situación, y que el Ejecutivo central ha recurrido por tercera vez.
