La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no encuentra relación entre las supuestas donaciones que habría recibido el Partido Popular (PP) y la adjudicación de contratos públicos a las constructoras que los habrían realizado alegando que "a veces hay diferencia de varios meses" entre las dos operaciones.
Así consta en un escrito de la IGAE, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha servido como base para que la Fiscalía Anticorrupción rechazara el pasado martes la petición de Izquierda Unida (IU) y otros colectivos de ampliar la querella que presentó por los 'papeles de Bárcenas' contra los exsecretarios generales del PP Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes y 15 empresarios.
La IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda, sostiene que el "criterio temporal" que los querellantes establecen entre donativos y adjudicaciones es "muy discutible". "No encuentran ni ellos ni nosotros otras variables que permitan relacionar donativos con contratos, como podría ser una relación entre el donativo y el precio de adjudicación", señala el informe.
Tras indicar que tampoco se puede apreciar que "todos los donativos tengan su correspondiente adjudicación" y que en algunos casos un mismo donativo se relaciona con "varias adjudicaciones", el informe destaca las "numerosas incongruencias" que presenta la supuesta contabilidad del B aportada por su extesorero Luis Bárcenas.
"Opinamos que el que algunos de esos apuntes parezcan veraces, no confirma la validez del resto", señalan los técnicos antes de concluir que "o no están todos los movimientos o hay algunos que no responden a la realidad".
NO HAY RELACIÓN
La IGAE también sostiene que Bárcenas no ha aportado "ningún documento que demuestre la autenticidad de los apuntes que los papeles atribuyen" a Álvarez-Cascos, Ángel Piñeiro (ex-gerente PP gallego), y Angel Acebes y que en los hechos por los que se imputa a los dos primeros "son anteriores a 2007, por lo que, según los expertos en la materia, están prescritos". "Si fueran reales, aspecto no demostrado con documentación, no tendrían trascendencia penal", concluyen.
El informe, denominado 'Notas sobre los hechos que incluye la ampliación de la querella criminal presentada por Izquierda Unida y otras asociaciones el 18 de septiembre de 2013, destaca que que estos colectivos no añaden "ningún hecho o documento" que les permita modificar su conclusión en el sentido de que "no es posible demostrar que se han adjudicado contratos públicos como contrapartida a los ingresos por donaciones que muestran los 'papeles de Bárcenas'".
En relación con la ampliación de la querella contra Álvarez-Cascos, que se fundamentaba en las adjudicaciones que el Ministerio de Fomento realizó a la compañía Constructora Hispánica, la IGAE sostiene que los datos facilitados por los querellantes "no revelan que exista relación entre adjudicaciones y los donativos que Luis Bárcenas dice haber recibido de esta empresa".
De igual modo, subraya que, según los papeles del extesorero, la constructora aportó donativos a la caja B del PP en años en los que no recibió ninguna adjudicación y, al contrario, existen años en los que sí recibieron contratos en ejercicios en los que no aportaron ninguna donación a la formación.
También consideran "completamente inverosímiles" dos situaciones reflejadas en la querella: que Fomento adjudicara ocho obras de la variante del AVE en Pajares a dos empresas que habrían aportado conjuntamente 450.000 euros y que exista un donativo de 100.000 cuando a una constructora le correspondía ejecutar el 35 por ciento de esos trabajos.
