En un auto, la sala de lo penal concluye que los hechos no constituyen delito, pero deduce testimonio de su resolución y de la documentación recibida de la Universidad de Nueva York y la remite al CGPJ porque el juez no comunicó el cobro de 203.000 dólares de sueldo a través de nómina.
Según el TS, esta situación puede acarrear consecuencias jurídicas que “no corresponde a este Tribunal dilucidar”.
El CGPJ, que ya archivó en abril del año pasado una investigación a Garzón por estos hechos, recibió hace casi cuatro meses un nuevo escrito del mismo abogado, Antonio Panea, en el que informaba al Consejo de que se había querellado contra el juez.
El Poder Judicial, que abrió entonces una nueva investigación, estudiará hoy otra vez el asunto y previsiblemente volverá a archivarlo, ya que el servicio de Inspección ha concluido que el juez no incurrió en ninguna infracción.
Ahora, la resolución del TS, que cita el artículo 417.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que sanciona como falta muy grave “faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas”, puede dar lugar a la apertura de una tercera investigación sobre los mismos hechos.
