El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido retirar del orden del día de la Junta de Gobierno el punto en el que se aprobaba la adjudicación a Aparcamientos Urbanos de Sevilla SA (Aussa), una sociedad participada en un 51 por ciento por la empresa municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), del concurso para la gestión de un total de 7.285 plazas de aparcamiento regulado en superficie o zona azul, cifra en la que se incluyen 3.173 nuevas plazas, por un canon fijo anual de 1,5 millones de euros.
En este sentido, el portavoz del gobierno local, Francisco Pérez (PP), ha explicado que se ha retirado de modo "preventivo", ya que durante la mesa de contratación se acordó que no se adjudicaría "si había pleitos o recursos". Así, se ha tomado esta decisión teniendo en cuenta que en cuatro días finaliza el plazo para la presentación de alegaciones y una de las empresas, Dornier, que quedó en segundo lugar, "anunció su intención de recurrir, aunque por el momento no lo ha hecho".
Este recurso de Dornier se centraría en el acto de trámite por el que se eliminó del concurso a Setex-Aparki S.A., "al no ajustarse a las condiciones del pliego administrativo, pues la cantidad tenida en cuenta fue una media del canon variable y no el canon fijo que es lo que establece el pliego", según indicó entonces el Ayuntamiento. De este modo, la empresa que mostró su intención de recurrir entendería que si Setex-Aparki no hubiera sido eliminada el reparto de puntos final hubiera sido distinto, mejorando su posición para acceder a la adjudicación. Sin embargo, Pérez advierte de que el secretario general municipal "tiene claro que no habría problema aunque recurriera esa decisión".
MULTA DE 60.000 EUROS A INICIATIVAS APARCA
Por otra parte, la Junta de Gobierno ha tomado conocimiento de una multa coercitiva que se eleva ya a 60.000 euros contra la empresa Iniciativas Aparca, adjudicataria del primer lote de los aparcamientos municipales, al "no eliminar las deficiencias del aparcamiento de la avenida de Coria denunciadas por escrito por los vecinos en febrero de 2012".
Pérez explica que entre esas deficiencias se encuentran grietas, filtraciones o defectos en el pavimento, por lo que el Ayuntamiento --como concesionario-- instó a la empresa a arreglarlos, algo que comprobó que no se estaba haciendo tras llevar a cabo diversas inspecciones en junio y septiembre de 2012, por lo que se acordó imponer una multa de 3.000 euros diarios hasta que se subsanen. Sin embargo, añade que por el momento esto no se ha producido, por lo que la cifra de 60.000 euros seguiría en aumento.
