PSOE e IU han presentado 30 alegaciones (18 los primeros y 12 los segundos) a la nueva ordenanza de ruidos, coincidiendo ambos en solicitar la retirada definitiva del documento.
Según el portavoz socialista, Juan Espadas, la ordenanza no ha contado con participación real y empeora la actual regulación al añadir "inseguridad jurídica", además de no considerar a los veladores como emisores acústicos".
También censuran la potestad de la Policía Local para resolver según su criterio el cumplimiento o no de los límites de emisión de ruidos y la actual ausencia de inspecciones y mediciones durante las noches y los fines de semana.
Por su parte, el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, ha pedido al alcalde, Juan Ignacio Zoido, que "aparque definitivamente su soberbia" y retire una ordenanza que, "hasta ahora, sólo ha cosechado el rechazo generalizado de la ciudadanía y de las entidades vecinales y sociales que tienen algo que decir al respecto". De hecho, sus alegaciones están en sintonía con las de la Plataforma por el Derecho al Descanso.
Según Torrijos, la nueva normativa que el PP se ha empeñado en imponer "sin ningún tipo de consenso" supone una "auténtica chapuza desde el principio hasta el final" y, lejos de aportar soluciones a los problemas de ruido, "parece que los agrava".
Por su parte, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, ha defendido el documento de aprobación inicial de la nueva ordenanza municipal contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones.
Igualmente, ha defendido la idea de que un agente de la Policía Local sancione o clausure un local según su propio criterio, asegurando que estos funcionarios ejercerán estos poderes ante "la evidencia de la intolerabilidad de los niveles de ruido".
