El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), ha destacado este viernes que defiende el interés de la ciudad en cuanto a la ejecución del aval de la Ronda Norte por unos diez millones de euros y que CajaSur estudia denunciar a los miembros del consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en caso de ejecutarse dicho aval que ésta entidad firmó con la constructora Marín Hilinger para la construcción de la ronda en Mirabueno, que quedó inacabada.
Así lo ha defendido el alcalde en declaraciones a los periodistas, después de que, según adelanta la prensa provincial, el escrito firmado por los servicios jurídicos de CajaSur recoge que "se está estudiando si pudiera existir alguna infracción penal de los miembros del consejo rector derivado del acuerdo adoptado --se refiere al de ejecutar los avales si no respondían de las deudas la junta de compensación de Mirabueno-- pese a tener suscrito con CajaSur un acuerdo expreso y recíproco, suscrito por el presidente de esta GMU de renuncia al ejercicio de acciones derivadas de los citados avales".
Al respecto, el regidor argumenta que "CajaSur es una entidad privada que tiene derecho a hacer uso legítimo de las acciones judiciales y mercantiles que estime conveniente", mientras que "el Ayuntamiento es una institución pública que tiene la obligación de defender los intereses de los ciudadanos". Así, apunta que "en unos casos nos permitirá ser aliados de entidades importantes en Córdoba como es CajaSur, y en otros casos los intereses son contrapuestos".
De este modo, subraya que si tiene que "elegir entre lo que le conviene a CajaSur o lo que le conviene a la ciudad, tengo que elegir lo que le conviene a la ciudad, en este caso defendemos los intereses de la ciudad". Por tanto, Nieto indica que "tendrán que ser los tribunales los que determinen quién tiene la razón en la resolución que corresponda" y a tal efecto, agrega, "CajaSur hará lo que tenga que hacer y nosotros hacemos lo que entendemos que es nuestra obligación, que es defender los intereses de la ciudad de Córdoba".
En cualquier caso, recuerda, "estamos desgraciadamente en otra cosa" que dejó el que fuera presidente de la Gerencia y actual portavoz municipal de IU, Francisco Tejada, "porque si se hubieran hecho las cosas bien en su momento, y hubieran hecho lo que se tenía que hacer con una solvencia técnica y una responsabilidad política adecuada, hoy no tendríamos que estar en esta historia" y, en su opinión, la ciudad no tendría que estar "en vilo" y en "duda" por los diez millones de euros que "legítimamente le corresponden y ahora tenemos que reclamar de la forma que reclamamos".
En concreto, CajaSur sopesa llevar a los tribunales el último acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que prevé la ejecución del aval que firmó con la promotora Marín Hilinger para la construcción de la Ronda Norte en Mirabueno. La advertencia fue remitida a Urbanismo por los servicios jurídicos de CajaSur el día 23 de octubre de este año como consecuencia de la pretensión del organismo municipal de cobrar las cantidades pendientes para poder concluir la Ronda Norte --en su parte privada-- y la urbanización del barrio de Mirabueno.
Cabe destacar que el promotor de la zona, Marín Hillinger SL, construyó buena parte de las viviendas, pero dejó sin ejecutar las obligaciones que le correspondían en el Plan General. La Gerencia lleva años intentando ejecutar los avales impuestos en su día para garantizar la urbanización, que la promotora había contratado con la entidad financiera. El Ayuntamiento perdió ese pleito aunque ahora intenta un camino alternativo para cobrar, que es reclamar por la vía de apremio las cantidades pendientes de inversión en la zona. Urbanismo entiende que Cajasur se hace cargo de la parte de Marín Hillinger, casi diez millones de euros, el 96 por ciento del total de las cantidades adeudadas.
Al hilo de ello, CajaSur estudia acudir a los tribunales por la vía penal aludiendo a un acuerdo previo entre la Presidencia del organismo y la entidad financiera en la que Urbanismo se comprometía a no ejecutar nunca esos avales. Los abogados de la entidad financiera aseguran que el acuerdo es "expreso y recíproco" y afirman que, si Urbanismo se empeña en ejecutarlos, incurriría en una "prejudicialidad penal".
Mientras, Urbanismo asegura que, en ningún caso, ha firmado un acuerdo de esas características con CajaSur. Los responsables del organismo autónomo afirman que la entidad puede referirse al acuerdo que se rubricó en su día para devolver la cuantía de los avales, que la Gerencia ejecutó y un juzgado entendió que había que volver a depositar en las arcas del banco. Afirman que no había ningún compromiso más allá de dejar claro que las cantidades se habían pagado, según la prensa provincial.
