El Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido a los 15 ayuntamientos de Cádiz de más de 20.000 habitantes para proponerles que "destinen el importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones de tráfico a la financiación de actuaciones de mejora en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas, así como actividades relacionadas con la formación en educación vial".
En concreto, ha enviado un escrito a los ayuntamientos de Cádiz capital, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque y Sanlúcar de Barrameda.
Esta iniciativa forma parte de las medidas puestas en marcha por la oficina del Defensor del Pueblo de acuerdo a la actuación de oficio dirigida a los 81 ayuntamientos andaluces de más de 20.000 habitantes para que asuman el compromiso ya adquirido por la Administración General en la Ley de Tráfico sobre materia sancionadora y lo recojan en las ordenanzas de tráfico municipales.
Se trata de una medida de refuerzo y coherente con los fines de la propia Ley de Seguridad Vial y de respeto con la actuación de los agentes que vigilan la ordenación y regulación del tráfico.
La iniciativa fue anunciada por el Titular de la Institución durante la IV Jornada sobre Seguridad Vial, organizada por esta institución y la red de Fiscales de Seguridad Vial de Andalucía el pasado mes de noviembre.
De los 81 municipios andaluces, 6 se localizan en Almería, Huelva y Jaén, respectivamente; 15, en Cádiz; 8, Córdoba; 7, Granada; 16, en Málaga y, 17 ayuntamientos, en Sevilla.
