La Audiencia de Málaga ha aplazado hasta el próximo lunes el inicio del juicio al que fuera dueño de la promotora Aifos, al que la Fiscalía acusa por apropiarse del dinero, más de un millón de euros, entregado por compradores de vivienda de la promoción Hacienda Casares. También está acusada su mujer, y la acusación particular, en representación de los perjudicados, añade un delito de estafa.
El representante del ministerio público ha solicitado a la Sección Segunda la suspensión de la vista oral ante la imposibilidad de asistir este lunes al juicio el fiscal que se ha encargado del caso y conoce todo el procedimiento, que se encuentra enfermo. Las defensas de los dos acusados y de las sociedades que están como responsables civiles han mostrado su oposición a este aplazamiento.
Tras escuchar a todas las partes, también a la acusación particular, la Sala ha acordado aplazar el comienzo de la vista oral hasta la próxima semana, en la que también se habían fijado previamente tres días --10, 11 y 12-- para la celebración de este juicio.
Por otro lado, el letrado de la acusación particular ha aportado documentación, al igual que los de las defensas, que han presentado, entre otros escritos, una sentencia de la Sección Novena de la Audiencia en la que se absuelve al acusado por unos hechos similares. Las partes estudiarán estos documentos esta semana para pronunciarse sobre ellos cuando se inicie el juicio.
El fiscal solicita cuatro años de prisión y multa de 6.000 euros a cada uno por un delito continuado de apropiación indebida; mientras que la acusación particular pide ocho años de cárcel --al añadir estafa continuada-- y multa de 12.000 euros a cada uno. Reclaman que los acusados indemnicen a los perjudicados, considerando a Aifos, que está en concurso de acreedores, responsable civil subsidiaria.
El ministerio público relata en su escrito de acusación inicial que 26 personas y una entidad compraron distintas viviendas de dicha promoción, constando en los contratos, "de manera expresa", que las cantidades entregadas les serían devueltas con el interés en caso de que se instara la resolución del mismo por expirar el plazo de inicio de las obras --fijado para noviembre de 2004-- o de fin.
El fiscal señala en sus conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, que "la construcción nunca se alzó" por retrasos en la urbanización de los terrenos, a la que se había comprometido otra entidad, vendedora de aquellos a Aifos, y dice que "no puede acreditarse haber empleado el dinero recepcionado de los adquirientes en las necesidades derivadas del proceso constructivo".
"Si hubiera aperturado cuenta especial donde ingresar las sumas recibidas, sin aplicarlas a otros menesteres, podría haberlas devuelto, más no lo hizo ni ha verificado la restitución del dinero por otros cauces", precisa la Fiscalía.
La acusación particular, que eleva a 30 los perjudicados, añade en sus conclusiones provisionales que en los contratos se hacía constar que Aifos estaba desarrollando la promoción, lo que hizo pensar a los compradores que "la obra estaba ejecutándose y que no iban a existir los problemas que existieron".
Asimismo, en cuanto a las cantidades entregadas, constaba que "la parte vendedora se obligaba a entregar los correspondientes avales", dice la acusación particular en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se señala que los clientes dieron su consentimiento a firmar los contratos "bajo un claro y evidente engaño", pensando que las obras estaban en marcha "cuando la realidad era muy distinta: no había ni licencia de obras".
