La presidenta de la Asociación de Técnicos Municipales (ATMJ), Milagros Abascal, negó ayer que el Gobierno local haya negociado el reparto de productividades entre el personal del Ayuntamiento, lamentando que estos complementos se sigan ofreciendo de manera “arbitraria” y que se siga incumpliendo el compromiso de aprobar un reglamento que regule estas asignaciones.
Abascal respondió así a la afirmación realizada días atrás por la alcaldesa, María José García-Pelayo, que negó cualquier tipo de polémica con el incremento de las productividades a los miembros de la Policía Local argumentando que esa subida había sido previamente “acordada”.
La presidenta de la ATMJ instó a la regidora a aclarar “con qué representantes sindicales, cuándo, cómo y a cambio de qué” se han negociado esas productividades, asegurando que el colectivo de técnicos no ha participado en ninguna mesa negociadora. De hecho, la afirmación de García-Pelayo “deja claro” lo que ATMJ ha venido denunciando de manera “insistente”, y es que “todos los acuerdos en materia de personal se negocian con algunos sindicatos en despachos, bares o restaurantes a cambio de complicidad y silencio” ante una gestión municipal “criticada por la mayoría de la plantilla por arbitraria”.
Milagros Abascal recordó que hace ya dos años el Gobierno local anunció la aprobación de un reglamento que regulase las productividades. Sin embargo, el Ayuntamiento “lleva cuatro meses repartiendo” estos complementos sin que conste la existencia de reglamento alguno. Precisamente la ausencia de este documento ha llevado a la ATMJ a presentar una nueva demanda ante los tribunales, que se han convertido en la “única esperanza” del colectivo.
A esta organización le parece “estupendo” que un miembro de la Policía Local “pueda ganar 40.000 euros”, pero siempre y cuando “el sueldo de los técnicos no sea inferior, como está ocurriendo ahora”, considerando que no es “lógico” que “un médico, un abogado o un arquitecto” municipal cobre menos que un agente de este cuerpo.
Lo que se quieren conocer son los criterios para asignar estas cantidades, considerándose que la arbitrariedad con la que se están distribuyendo “es la causa de que no se publiquen a pesar de que el convenio obliga a dar a conocer las cantidades abonadas mensualmente.
