La fiscal ha mantenido este miércoles la acusación contra el ex jefe de la Policía Autonómica en Almería y contra un exjefe de Negociado y ha remarcado que ha quedado probado que ambos malversaron presuntamente 33.103 euros de dinero público mediante la "falsificación de memorias justificativas que ajustaban a facturas" por comidas de trabajo que "en realidad no tenían un fin público" y por obras en la sede de la unidad y reparaciones en vehículos oficiales "que no se realizaron".
"La verdad sólo tiene un camino y aquí se ha intentado justificar lo injustificable", ha trasladado ante el jurado popular encargado de dictar veredicto en alusión a la teoría de una supuesta venganza por parte del jefe actual de la Unidad de Policía Autonómica esgrimida por las defensas y a una posible "falta de control" por parte de la Junta andaluza con la que los acusados Francisco Javier Rodríguez y José Ignacio Romero habrían pretendido "eludir cuál ha sido su verdadera responsabilidad", según ha dicho
En su informe tras más de un mes de sesiones, la fiscal ha señalado que "está por probar" la citada venganza y la ha minimizado al asegurar que los documentos que originaron la investigación en asuntos internos "son verdaderos". Ha criticado que en sala se haya cuestionado y "casi acusado" a Llinares y a su segundo, y ha asegurado que no se trata de dilucidar si se ha "despilfarrado dinero sino de si se ha distraído de su fin público".
Ha trasladado, asimismo, que, si bien ambos alegaron no haber recibido "queja alguna" por parte de la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería y la Intervención General en Sevilla, no tendría trascendencia ya que "partimos de que han estado falsificando documentos oficiales para que, en el control formal, todo fuera correcto".
"Rodríguez Barea tiene más responsabilidad de la que ha querido reconocer diciendo que firmaba y firmaba sin mirar porque tenía mucho trabajo y que confiaba en Romero como jefe de negociado", ha advertido.
El Ministerio Público ha reprochado a las defensas que hayan contado "verdades sesgadas" al exponer al jurado que el asunto se había resuelto de manera favorable a Rodríguez Barea y a Romero por la vía contenciosa al ser anuladas sus respectivas suspensiones y ha remarcado que ninguna de las resoluciones entró en el fondo del asunto, "si había o no indicios delictivos", ha remarcado.
Aunque ha mantenido su acusación, la fiscal sí ha reconocido como "dudosa" la ilicitud de una de las facturas y memorias justificativas por obras y lo ha dejado "a criterio del jurado" . En concreto, se trata de una obra para los vestuarios femeninos de la Unidad por importe de 5.302 euros, que, según ha dicho, "podría ser que se ajustara a la realidad aunque hay cosas que a la Fiscalía nos chirría y nos parecen indicios de algo raro".
PINS, BANDERAS Y PEANAS COMO MATERIAL DEL PLAN INFOCA
Con respecto a las 20 facturas restantes por comidas de trabajo, obras y reparaciones de vehículos ha considerado acreditado que se "distrajo de su fin público el dinero" y ha tomado como ejemplo cuatro facturas de 9.580 euros que debían ser para obras.
"Dicen los acusados que se destinaron a la compra de material del Plan Infoca por necesidad pero, según los albaranes aportados por empresa, sirvieron para comprar silbatos, peanas, banderas de España, de Andalucía y de Europa, mmástiles 17 fundas de mmóvily pins con el escudo de la Policía Nacional. Ni siquiera se ponen de acuerdo y se contradicen", ha afirmado.
También ha expuesto su informe la letrada de la Junta andaluza, personada como acusación particular, quien ha remarcado al jurado que Rodríguez Barea era "responsable absoluto" de la gestión económica de la Unidad, que debía "visar todas las facturas y mmemoriasjusticativas con firma porque era su obligación" frente a lo sostenido por él ante el tribunal, y que la labor de la Delegación de Gobierno y de Intervención General era un "control formal, de los documentos que presentaban ya que no van personalmente a comprobar si se han comprado bolígrafos o se ha hecho una obra".
DECLARACIÓN
Durante la primera sesión del juicio, que continúa este jueves con los alegatos de las defensas, Francisco Javier Rodríguez negó haber "robado dinero público" y aseguró que todo respondía a un "complot que tiene nombres y apellidos" señalando Luis Francisco Llinares. En la misma línea se pronunció José Ignacio Romero, quien dijo que Llinares "estaba aburrido y empezó a sacar papeles", así como que necesitaba ascender porque "necesitaba dinero".
El exjefe de la Unidad admitió que "no había un control" sobre las facturas y las memorias justificativas que pasaba"con su firma" a la Delegación del Gobierno de la Junta andaluza y afirmó que se hacían tomando de base "unas plantillas" en las que se decía el número de personas qué habían asistido a la comida de trabajo pero no su identidad. "Yo firmó lo que me dan y, debido al volumen de trabajo mortal, no me pongo a ver lo que viene", llegó a asegurar.
En la causa constan 31 facturas por importe global de 7.168,65 euros de los que habrían dispuesto "en bbeneficiopropio para acudir a restaurantes haciendo constar que eran por motivos de trabajo, cuando no era así". Por otro lado, las memorias investigadas y consideradas "falsas" hacen alusión, por un lado, a tres obras adjudicadas a tres empresas distintas por 9.580,28 euros, 6.411,24 euros y 5.302,84 euros, y al arreglo de unos vehículos policiales con un gasto de 4.640 euros.
La Fiscalía considera que "todas las memorias justificativas" era confeccionadas "de común acuerdo" por ambos, quienes "ajustaron su contenido al importe del dinero del que dispusieron". Subraya que Rodríguez Barea, en razón de su cargo, era el que las "firmaba" mientras que el jefe de negociado "por razón de su profesión" era la persona "que las redactaba".
Aplica el concurso medial entre los delitos continuados de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial para fijar la pena de seis años de prisión, y pide, asimismo, que ambos indemnicen con 33.103 euros a la Junta de Andalucía.
