El informe de la UDEF deriva en una nueva ‘tormenta política’

El informe remitido por la Policía Judicial al juez Pablo Ruz, en el que se vincula de nuevo a la trama Gürtel con Jerez, desató ayer una nueva tormenta política de magnitud creciente y a la que hoy se sumarán las comparecencias públicas de hasta cuatro partidos políticos para seguir ahondando en el asunto. Mientras el Ayuntamiento insiste en la legalidad de las contrataciones y en que el informe no contempla actuaciones contra la alcaldesa o el Consistorio, la oposición (PSOE y Foro) han exigido explicaciones ante un caso que consideran de “extrema gravedad” y ante el que ya anticipan la petición de dimisión de la alcaldesa.
El caso en cuestión es la adjudicación a dos empresas, vinculadas a Francisco Correa, del montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculos ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros, en el año 2004. La UDEF, en su informe, alude a presuntas irregularidades en el proceso, basándose en que los empleados de Correa efectuaron gestiones para la ejecución de los eventos, “con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal” de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, y en que las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa “cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido casi un mes desde su finalización”.
A tenor del citado informe, el Ayuntamiento volvía a reiterar ayer que “no es cierto” que la Policía Judicial haya implicado a la alcaldesa en el asunto, y que “en ningún caso contempla actuaciones contra García Pelayo ni contra personal municipal, a los que ni siquiera llama a declarar, pidiendo el interrogatorio de un tercero que nada tiene que ver con el Consistorio”. De hecho, “si en el mismo se entendiera que existen indicios de delito por parte de personas vinculadas al Ayuntamiento, la misma Policía judicial habría solicitado la declaración ante el juez”.
Desde el Consistorio se insiste en que la investigación de la UDEF tiene por objeto el estudio de unos contratos que fueron firmados “con informe favorable del secretario general y el interventor del Ayuntamiento” y que el expediente de contratación “se tramitó según la legislación vigente, figurando todos los pagos en la contabilidad de las cuentas municipales”.
Miriam Alconchel, secretaria general del PSOE, lamentaba ayer que “Jerez esté asociada de nuevo a una de las tramas de corrupción más escandalosas de nuestro país, y exigió a la alcaldesa “que explique a la ciudadanía con luz y taquígrafos lo sucedido”.
Desde Foro Ciudadano, su primera lectura pasa por reclamar a la alcaldesa que “empiece a plantearse su dimisión”, aunque su coordinador, Raúl Ramírez, incidió ayer en las circunstancias que rodearon la adjudicación a las empresas de Correa, ya que “si sorprendente fue que se recurriese a un procedimiento urgente y extraordinario para contratar a estas empresas, no menos presuntamente irregular resulta el hecho de que la adjudicación de los contratos fue realizada por la entonces alcaldesa y presidenta del IPDC a pesar de que dichas acciones son competencia del Consejo Rector del Instituto de Promoción de la Ciudad”.