Un total de 80 ayuntamientos de Granada han acordado pedir al Tribunal Constitucional que pare la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor el 1 de enero, al considerar que vulnera la autonomía municipal garantizada en la Constitución.
Según ha explicado este martes la secretaria provincial del PSOE, Teresa Jiménez, la decisión de estos ayuntamientos responde a una iniciativa del PSOE, que ha presentado mociones en todos los municipios para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local.
Jiménez ha señalado que la citada ley fue aprobada por el PP en solitario con el rechazo de los restantes partidos políticos y de organizaciones sociales y que el PSOE anunció en su día que intentaría frenar "este ataque al municipalismo por todas las vías legales posibles, incluyendo la presentación de un recurso de inconstitucionalidad".
"Es algo inédito en la historia de la democracia que 80 ayuntamientos de la provincia se unan para recurrir una ley ante el Tribunal Constitucional", ha afirmado la secretaria general del PSOE, quien ha señalado que su partido ha tratado de propiciar acuerdos plenarios en los ayuntamientos de la provincia para presentar el recurso. "Nuestro objetivo ha sido intentar sumar apoyos de otras fuerzas políticas para lograr hacer algo que nunca antes se había hecho en nuestra provincia ni en nuestro país, que los ayuntamientos españoles acudan al Tribunal Constitucional para pedirle que paralice y anule la ley, ha añadido.
La representante socialista ha indicado que el PSOE ha presentado propuestas en los plenos de los ayuntamientos para plantear un conflicto en defensa de la autonomía local, ya que la ley aprobada por el PP vulnera la Constitución. "Para que los ayuntamientos puedan plantear este tipo de conflicto al Constitucional es necesario que así lo decida expresamente y por mayoría absoluta una séptima parte del total de los ayuntamientos que hay en España, y que además supongan un sexto de la población", ha añadido Teresa Jiménez, quien ha recalcado que en el caso de la provincia de Granada era preciso "el acuerdo plenario de 25 municipios que sumaran una población de 150.000 habitantes".
CASOS CONCRETOS
"Hemos logrado ese objetivo con creces", ha afirmado para destacar que hasta la fecha, y a falta de que la propuesta sea debatida en algunas corporaciones, 80 ayuntamientos han decidido sumarse al recurso. Estos consistorios representan a más de 352.000 habitantes y a casi el 40 por ciento de la población provincial. Aunque la mayoría de los municipios están gobernados por el PSOE, ha indicado la secretaria general de los socialistas, la propuesta ha logrado el apoyo de otras fuerzas políticas en varios ayuntamientos, algunos de ellos gobernados por el PP, como Almuñécar, Albolote, Monachil, Loja, Vélez de Benaudalla, Compotéjar y Albuñuelas.
Teresa Jiménez ha precisado que en esos ayuntamientos, donde se aprobó la propuesta por mayoría absoluta, el PP sólo votó a favor en Albuñuelas, pero en otros casos, como Almuñécar, Loja o Vélez de Benaudalla, permitió con su abstención que la iniciativa fuera aprobada por mayoría absoluta. Según la representante socialista, en Monachil la propuesta salió adelante con el apoyo de un concejal del PP y en Albolote los populares votaron en contra, pero su socio de gobierno apoyó el recurso.
En otros casos, como en Fonelas o Gorafe, la propuesta fue aprobada por mayoría simple, lo que impide que esos ayuntamientos puedan sumarse al recurso que se formalizará en las próximas semanas, según la secretaria general del PSOE. La iniciativa de los socialistas de Granada se une a otras previstas en el ámbito nacional y autonómico, ha agregado Teresa Jiménez, que se ha referido al recurso que también tienen previsto plantear los grupos parlamentarios o las comunidades autónomas, como Andalucía, al entender que la ley invade competencias que le son propias.
"Esta ley quita competencias a los ayuntamientos, vulnerando con ello la garantía constitucional de la autonomía local; arrebata a los municipios la capacidad de prestar determinados servicios mínimos obligatorios; y supone la antesala a la privatización de éstos, al pasar a depender de la Diputación de Granada", ha indicado. En su opinión, los efectos de la reforma local pueden ser demoledores en la provincia, donde el 95 por ciento de los municipios tiene menos de 20.000 habitantes. "Esos municipios son los más perjudicados por una reforma que da a las diputaciones la capacidad de decidir y prestar o no los servicios públicos en esas poblaciones, salvo que éstas demuestren que pueden hacerlo a un coste menor que el que establezca la propia Diputación", ha agregado.
Teresa Jiménez ha afirmado que el PP ha decidido demorar la aplicación de los aspectos más polémicos de la ley hasta después de las elecciones municipales "para amortiguar sus efectos", pero, a su juicio, ya "se están viendo sus consecuencias".
En este sentido, se ha referido a la imposibilidad de cubrir vacantes en algunas áreas municipales, como Igualdad, a la supresión de servicios de autobuses nocturnos en municipios del área metropolitana, como La Zubia, o a la encrucijada en la que se encuentran muchos alcaldes de la provincia con la última convocatoria del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) Especial, antiguo PER.
Sobre ello, ha añadido que secretarios e interventores entienden que la tipología preferente de obras que establece la convocatoria contradice lo establecido en la nueva reforma local y, por tanto, que los ayuntamientos no pueden cofinanciarlas. "Se están poniendo en riesgo proyectos que generan actividad y empleo en los municipios", ha señalado para recordar que el PFEA Especial supone una inversión de más de 8 millones de euros, unos 3.500 contratos y 42.000 jornales en la provincia.
