El Gobierno de Gibraltar ha iniciado este lunes el procedimiento para preparar una Ley de Referendos que dará potestad al ministro principal, Fabian Picardo, para convocar consultas sobre asuntos domésticos o "relaciones internacionales", ha informado el número dos del Ejecutivo del Peñón, Joseph Garcia.
El objetivo de la nueva norma es "mejorar" la base legal para la celebración de referendos en Gibraltar, como el que se organizó en 2006 para aprobar la nueva Constitución, ha informado el Gobierno de Picardo en un comunicado.
Con la nueva legislación, el ministro principal podrá convocar un referéndum a través de una orden que contendrá la pregunta de la consulta, el porcentaje de votos que se requerirá para que la propuesta sobre la que se consulta salga adelante y la fecha del referéndum.
Con respecto al procedimiento para votar, el Gobierno adelanta que será similar a cuando se celebran elecciones generales. Avanza también que los residentes británicos que no hayan nacido en el Peñón pero que lleven viviendo un mínimo de 10 años seguidos, y sin interrupciones, en Gibraltar podrán asimismo votar.
El número dos del Gobierno de Gibraltar, Joseph Garcia, ha señalado que la nueva legislación permitirá al Ejecutivo convocar referendos sobre "asuntos internos", pero también en relación con "relaciones internacionales, como ocurrió en 1967 y 2002".
El referéndum de la cosoberanía
En 2002 los gibraltareños rechazaron el proyecto de cosoberanía negociado --pero nunca concretado-- por Reino Unido y España en un referéndum al que ni Madrid ni Londres dieron validez jurídica.
Cuatro años después, los 'llanitos' aprobaron en otro referéndum, éste sí aceptado por Londres, la nueva Constitución negociada entre la metrópoli y la colonia. La consulta se planteó como un acto de autodeterminación por las autoridades del Peñón, ya que establecía, en su opinión, una nueva relación no colonial con Reino Unido.
En aquella ocasión, el ministro británico de Asuntos Europeos, Geoff Hoon, precisó que el derecho de autodeterminación del pueblo gibraltareño está limitado por el artículo X del Tratado de Utrecht, que otorga a España el derecho de retrocesión del territorio si el Reino Unido renuncia a la soberanía del mismo.
Las autoridades de Gibraltar habían exigido a la metrópoli que respondiese a la pregunta de si la citada reforma constitucional suponía la aplicación del ejercicio de autodeterminación para el Peñón.
"La Constitución confirma el derecho de autodeterminación del pueblo gibraltareño. La realización de este derecho debe ser promovido y respetado en conformidad con las previsiones de la Carta de Naciones Unidas y otros tratados internacionales", señaló Hoon en su respuesta por escrito.
