El juez ha adoptado esta decisión en un auto de 38 folios en el que acuerda remitir la causa en su totalidad al tribunal regional, tal como éste le reclamó ayer al anunciar que asumía la investigación por ver indicios contra tres aforados del PP en la Asamblea de Madrid, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.
En el caso de Bárcenas, Garzón cifra en 1.353.000 euros la cantidad posiblemente percibida a través de la supuesta trama de corrupción liderada por Francisco Correa, mientras que de Galeote dice que podría haber percibido “directa o indirectamente” una cantidad de 652.310 euros.
Según Garzón, “la conducta presunta, pero concreta” de Bárcenas y Galeote se habría desarrollado “en el seno de la organización liderada por Francisco Correa en la que aquellos estarían integrados y prestarían los servicios requeridos por éste, en función de su posición cualificada o estratégica en el partido político al que pertenecen”.
Los dos aforados, añade, estarían “enmarcados dentro de la organización con el cometido de facilitar las actividades delictivas de la misma a través de la consecución de eventos y reparto de fondos procedentes de los mismos en beneficio propio”.
Todo ello, “prevaliéndose de su posición en el partido político al que pertenecían y de la capacidad de concesión o gestión de eventos para la organización y pago de los conferidos, recibiendo por ello cantidades en efectivo o pagos en especie”.
Por ello cree que los dos podrían haber cometido delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero, contra la Administración Pública y a Galeote le atribuye, “por vía de coautoría” con Correa un delito de cohecho.
Los datos constan en la causa, a través de informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y que motivaron que el juez preguntara en dos ocasiones a la Fiscalía Anticorrupción si debía inhibirse en favor del Tribunal Supremo al haber hallado indicios contra éste tipo de aforados (diputado nacional y eurodiputado).
La tesis de Garzón ha sido siempre que la causa es competencia del Supremo por arrastrar Bárcenas y Galeote a los otros 55 imputados, cuyos datos envía ahora el juez al TSJM, además de transferir a este tribunal la responsabilidad sobre los tres imputados en prisión, Francisco Correa y sus dos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo.
Sin embargo, la Fiscalía siempre se ha opuesto al estimar que los indicios contra ambos no eran suficientes.
Ahora es el TSJM el que ha vuelto a preguntar a la Fiscalía si debe enviar toda la causa al Tribunal Supremo.
Pregunta al fiscal si debe enviarlo al TS
El TSJM, pese a que se ha declarado competente para instruir el ‘caso Gürtel’, ha preguntado al fiscal si debería enviarlo al Tribunal Supremo (TS), ya que parte de los investigados son aforados en la Comunidad Valenciana.
En un auto, el tribunal justifica su competencia en que en las actuaciones “aparecen, entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación, la posible percepción” por parte de tres diputados autonómicos madrileños “de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas de personas imputadas”.
