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Lunes 11/11/2024
 

Málaga

IU insta al Ayuntamiento a rectificar en 2015 la subida del IBI y a apostar por una distribución \"más justa\"

Que pasaría por la rebaja del tipo de gravamen mínimo al 0,4; la retirada de las exenciones \"privilegiadas\" y el recargo sobre la cuota líquida de los bienes urbanos de uso residencial desocupados con carácter permanente

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El grupo de IU en el Ayuntamiento de Málaga presentará una moción en la Comisión de Economía, Comercio y Vía Pública de este lunes exigiendo al equipo de gobierno del PP que rectifique en las ordenanzas fiscales de 2015 la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que "este año han sufrido la mayoría de las viviendas malagueñas".

   Para ello, propondrá la elaboración de un modelo con una distribución "más justa" y "progresiva", que pasaría por la rebaja del tipo de gravamen mínimo al 0,4; la retirada de las exenciones "privilegiadas" de las que gozan los inmuebles de la Iglesia católica no sujetos al acuerdo entre España y la Santa Sede de 1979, y el recargo sobre la cuota líquida de los bienes urbanos de uso residencial desocupados con carácter permanente.

   El portavoz municipal de IU, Eduardo Zorrilla, ha señalado a Europa Press que, "aunque el alcalde, Francisco de la Torre, lleve todo el año repitiendo que el 'catastrazo' no es tal, la realidad es muy tozuda". Así, ha hecho referencia a la cuenta general de 2013, donde se establece que "el Ayuntamiento ingresó el año pasado 117,9 millones provenientes del IBI frente a los 107 de 2012 y los apenas 99,3 de 2011", es decir, "una subida en estos dos últimos años cercana al 20 por ciento".

   "Viendo las cuentas de 2013 también hemos comprobado el alcance real de la que se supone que era la fórmula elegida por el alcalde para establecer algo de justicia social en la distribución del IBI, las bonificaciones a colectivos concretos, las cuales --ha advertido-- son más estéticas que reales", ya que "no llegan ni al uno por ciento del total de los recibos emitidos".

   Por tanto, Zorrilla ha considerado que, "ahora que ya hemos comprobado el alcance real de este 'catastrazo' y la absoluta falta de resultado de las medidas propuestas por el PP a base de bonificaciones", es necesario que la Corporación reflexione sobre las fórmulas existentes para "implementar medidas que permitan una distribución más justa del IBI".

   Para el edil de la coalición de izquierdas, son necesarias alternativas que "doten de progresividad" a la política fiscal del Ayuntamiento en materia de vivienda, planteando una forma de distribución del IBI "más justa".

   En este punto, ha defendido que su grupo tiene "un afán absolutamente constructivo", por lo que "si todos estamos de acuerdo en la necesidad de realizar una redistribución más justa del IBI, podemos estudiar las distintas alternativas y ver cómo resolver las dificultades".

   En primer lugar, ha instado a realizar una medida sobre la que "no cabe ningún tipo de duda competencial y que es de asombrosa facilidad técnica": la rebaja del tipo de gravamen al mínimo que la ley permite, que es el 0,4 por ciento.

ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS

   Zorrilla ha apostado, igualmente, por que "paguen más los que más tienen y acabar con privilegios". Para ello, IU propone una batería de medidas que ya están aplicando otros consistorios, motivo por el cual ha subrayado que "intentar escudarse en la falta de competencias de los ayuntamientos sería simplemente mentir".

   "Mientras se produce un aumento generalizado del IBI para la mayoría de la población, se mantienen los privilegios de exención a la Iglesia católica", ha criticado. Al respecto, ha precisado que "no pedimos al Ayuntamiento que rompa ningún tratado internacional suscrito entre España y la Santa Sede, sino sólo que lo aplique en su justa medida".

   Otra propuesta de IU pasa por penalizar a "las decenas de miles de viviendas vacías que hay en la ciudad en manos principalmente de la banca y de las promotoras", según Zorrilla.

   Esta medida serviría para aumentar la recaudación municipal del IBI "desde la progresividad", al afectar sobre todo a los conocidos como superpropietarios, ha expuesto. Y, además, ha agregado, contribuiría a materializar la función social que debe tener la vivienda y que garantiza la Constitución.

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