La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba, Rafaela Obrero, ha exigido este lunes al PSOE que "cumpla" con los acuerdos parlamentarios y "no privatice" el servicio de comedor escolar en varios colegios de la provincia.
En una rueda de prensa, Obrero, junto al alcalde de Cañete de las Torres, Félix Romero, ha criticado "la intención de la Junta de Andalucía de privatizar el servicio de comedor escolar" en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ramón Hernández Martínez de este municipio, así como el caso del CEIP Carmen Romero de Aguilar de la Frontera.
La también parlamentaria andaluza ha recordado el acuerdo alcanzado el miércoles en Comisión de Educación en el Parlamento de Andalucía por PP e IU relativo al mantenimiento de la gestión del servicio de comedor en los centros educativos Ramón Hernández Martínez y ocho centros más en Andalucía, "a través de los ayuntamientos o de los Ampas, como se ha venido haciendo hasta ahora, mediante convenios de colaboración con la Consejería".
Así, exige "al PSOE, único grupo político que votó en contra de esta medida, que cumple con lo que se aprueba en sede parlamentaria, y no saque a licitación pública la gestión de estos comedores escolares, y permita seguir con el modelo utilizado hasta ahora que ha sido durante años garante de calidad, eficiencia y de generación de empleo local", dice Rafaela Obrero.
Desde el PP exigen a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "aplique ese acuerdo parlamentario, que cumpla con las reglas del juego democrático", puesto que "no se puede gobernar solo cuando la aritmética parlamentaria da la mayoría a PSOE e IU, obviando y ninguneando los acuerdos que se consiguen con el apoyo del Partido Popular, mayoritario en la Cámara Autonómica", apunta Obrero, quien añade que "la conveniencia política no puede estar por encima de las reglas del juego parlamentario".
Por su parte, el alcalde de Cañete de las Torres ha lamentado que la Junta de Andalucía "no escuche la demanda de todo un pueblo que está recogiendo firmas para que no privaticen un comedor escolar modélico, con más de diez años de trayectoria, con unas instalaciones modernas y renovadas, que da servicio a unos 140 alumnos y que el curso pasado ofreció más de 8.000 menús".
Romero ha recordado que existe un acuerdo del Pleno Municipal de este Ayuntamiento, aprobado por unanimidad --también por el PSOE--, por el que se pide a la Junta que "dé marcha atrás en su intención de privatizar este servicio".
Y es que, advierte, "la privatización del comedor va a suponer una pérdida de calidad del servicio, una pérdida de la carga laboral del personal que trabaja en él, además de un perjuicio para la economía local, ya que los productos que allí se cocinan proceden de los comercios y establecimientos locales, que verán mermadas sus ventas", dice Félix Romero.
Además, señala que "la delegada de Educación de la Junta en Córdoba está justificando su intención privatizadora en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuando tanto en la misma ley como en un reciente Informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se deja claro que completamente legal suscribir convenios de cooperación con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para prestar el servicio de comedor escolar en los centros educativos, con financiación completa para este servicio".
Así, pide al PSOE que "cumpla con sus propios decretos ley en los que dice blindar el municipalismo, que nos permita seguir prestando esta servicio a los alumnos de Cañete de las Torres", al tiempo que subraya que el centro tiene "un comedor escolar de primera que da un servicio de primera, y no queremos que la Junta de Andalucía nos imponga un comedor escolar de segunda y de tercera división", concluye el alcalde.
REAGRUPACIÓN DE HERMANOS
En otro sentido, Rafaela Obrero ha hecho referencia a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba, por la que una familia consiguió en primera instancia la reagrupación de sus hijos al mismo colegio.
En este caso, explica, "la Delegación de Educación les denegó la ampliación de la ratio del 10% argumentando que sólo procede en casos donde un alumno se incorpora de forma tardía por cambiar de colegio durante el desarrollo del curso escolar, y que ese 10% solo se daba en el caso de hermanos para el mismo curso escolar".
Al respecto, "la sentencia deja claro que esa interpretación no puede entenderse acertada porque esa posibilidad solo cabría para los supuestos casos de hermanos gemelos, mellizos, trillizos, o que uno de los hermanos fuera repetidor y coincidiera así con el otro hermano en el misma aula", apunta.
"Estamos asistiendo a un incumplimiento a sabiendas del Decreto de Escolarización por parte la Delegación de Córdoba, a una interpretación torticera de la norma", dice Obrero, quien subraya que se asiste a "situaciones de discriminación y desigualdad entre los alumnos consentida y autorizada por la propia administración andaluza".
Además, advierte de que "la propia credibilidad de la delegada de Educación en Córdoba está en cuestión, porque sabemos de casos en los que sí aplica el decreto y casos en los que no", a lo que añade que "la arbitrariedad y el posicionamiento política y graciable de la Delegada con ciertos casos es lo que más impotencia genera en las familias, que se sienten indefensas y se plantean recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos", dice.
Ante ello, declara que "la delegada de Educación en Córdoba no puede seguir vulnerando la norma, cambiando de criterio, cuando estos años de atrás se venía aplicando la reagrupación de hermanos, y más aún cuando existe una sentencia que deja clara esta conducta poco correcta".
