La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) instará a que se investigue si los protocolos para la atención de las personas en riesgo social en los servicios de urgencias "propiciaron" el fallecimiento de Piotr Piskozub, después de conocerse que el informe médico forense apunta a una posible negligencia en la atención al joven polaco. Además, lamenta los "escasos" recursos de los servicios sociales municipales, "totalmente insuficientes" para atender a las personas sin hogar, y la "inexistencia" de los mismos para personas sin hogar enfermas.
Así, y a través de un comunicado, la Apdha recuerda que la muerte de Piotr Piskozub se produjo el 2 de octubre de 2013 en el centro de acogida municipal de Sevilla, menos de 14 horas después de ser atendido en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío. La autopsia médico-legal estableció como causa de la muerte una "neumonía por neumococo y S. Aureus en paciente con tuberculosis miliar con afectación pulmonar, hepática y renal".
Según el informe médico forense, continúa, presentaba un índice de masa corporal de 12.6 Kg/m2 "indicativo de hospitalización, tratamiento de la malnutrición, realización de pruebas diagnósticas para la detección de las enfermedades de base (al menos hemograma, bioquímica y radiografía de tórax) y tratamiento de las mismas."
Este estado de desnutrición severo "fue objetivado" la noche del 2 de octubre en la exploración física, en la que no se observó, o no fueron recogidos en el informe, ni fiebre ni otros síntomas propios del avanzado estado de infección pulmonar que demostró la autopsia, como "tos, disnea, dolor torácico de características pleuríticas o deterioro del nivel de conciencia".
Según el cuadro clínico revelado en la autopsia, era de esperar una "auscultación claramente patológica (crepiantes, semiología de derrame pleural, roncus)" en la auscultación cardiorrespiratoria, en la que se objetivó, en cambio, una "disminución del murmullo vesicular, sin ruidos sobreañadidos, salvo algún ruido de mucosidad aislado".
Desde la Apdha "entendemos que estas afirmaciones del informe médico forense son suficientes para entender la existencia de una posible negligencia en la atención de un ciudadano gravemente enfermo que, sin embargo, fue dado de alta con el juicio diagnóstico de 'problemática social'".
De este modo, y como acusación popular en la causa, la asociación instará a que se investigue si los protocolos existentes para la atención de las personas con 'problemática social' en los servicios de urgencias "propiciaron" el fallecimiento de Piotr, y esto, añade, pese a que estos protocolos "han sido modificados, según la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a causa de este suceso".
Además, afirma que dichos protocolos "deben ponerse en relación con los escasos recursos de los servicios sociales municipales, totalmente insuficientes para atender a las personas sin hogar, y la inexistencia de los mismos para las personas sin hogar enfermas".
Igualmente, la Apdha apunta que "los posibles responsables deben aún determinarse en la investigación que continúa en marcha", e indica que por lo que la instrucción permite conocer en estos momentos, los delitos imputables son los de Delito de omisión del deber de socorro (195 y 196 CP), Delito de homicidio por imprudencia del Artículo 142 y Delito contra la integridad moral 173 CP.
"ES OBLIGACIÓN" DE LA ADMINISTRACIONES "VELAR" POR LOS DDHH
Por último, la Apdha explica que ejerce la acusación particular al "entender que este fallecimiento es consecuencia de la dejación de funciones de las administraciones, que abandona o deja morir a las personas sin hogar, poniendo al descubierto las carencias del Sistema de Bienestar en general, sin que ninguna administración asuma la más mínima responsabilidad", toda vez que recuerda que "es una obligación de las administraciones el velar por el cumplimiento de los derechos humanos".
"Las administraciones no pueden dar la espalda a esta realidad y deben poner en marcha de forma urgente medidas necesarias como, entre otras, la de habilitar los espacios dignos (viviendas, albergues, centros de acogida, etcétera) para que ninguna persona esté en la calle por falta de recursos económicos. Haría falta la creación de una red andaluza de alojamientos, gestionados bajo una política coordinada", concluye.
