El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz ha desestimado el recurso interpuesto por una empresa de muebles de la localidad que reclamaba al Ayuntamiento el pago de una factura de más de 10.000 euros por unos trabajos que no contaban ni con contratación administrativa ni con consignación presupuestaria.
Según ha informado el Consistorio sanluqueño, la sentencia recoge que por encargo del Gobierno del Partido Popular se solicitaron en 2004 unos trabajos de carpintería a una empresa. Sin embargo, "no existe ni expediente de contratación ni consignación presupuestaria", destaca. Además, la factura que se reclama fue emitida en 2004, aunque el primer documento en el que se tiene constancia en el Ayuntamiento de la recepción de la misma es de 2011.
La sentencia recoge asimismo que la extinción de la deuda por prescripción "es clara", dado que la factura se presenta “más de siete años después de su expedición, sin que se haya probado que el ente local tenía la misma con anterioridad a esa fecha o se hubiera formulado algún tipo de reclamación al respecto por el pago. Por tanto -añade-, aplicado el plazo establecido para la prescripción, el mismo ha transcurrido ampliamente”.
El juez señala en base a la doctrina que “no parece justo premiar a quien incumple la norma, la Administración, pero tampoco a quien se ha visto de esta forma favorecido por una ausencia de concurrencia que le ha convertido en adjudicatario de facto. Por todo ello, estimamos que no procede estimar ni los intereses reclamados ni tampoco los costes de cobro y más conceptos reclamados”.
Desde el Ayuntamiento de Sanlúcar señalan que ésta es una de las "muchas facturas" que el Gobierno local encontró "en los cajones del Ayuntamiento sin que hubiese justificación alguna o procedimiento administrativo legal". De hecho, la auditoría externa realizada en el año 2008 en el Ayuntamiento de Sanlúcar recogía que la deuda municipal ascendía a 108 millones “con limitaciones al alcance”. "Estas limitaciones al alcance son las facturas escondidas que dejó el gobierno del PP en los cajones y de las que ahora no tendrán que dar cuenta los bolsillos de los sanluqueños", destacan las mismas fuentes.
Además, desde el Gobierno local afirman que ésta es la primera sentencia en este sentido, pero es "muy probable" que próximamente haya nuevas noticias, ya que "ésta era la forma de trabajar del PP en el Gobierno, a golpe de teléfono con algunos proveedores, sin tramitación administrativa alguna". "Es una de otras muchas facturas que el Ayuntamiento no reconoció y que poco a poco se irá viendo cómo implican directamente a la gestión del anterior Gobierno del PP", remarcan.
