El grupo de IU en el Ayuntamiento de Málaga presentará en la Comisión de Pleno de Medio Ambiente y Sostenibilidad una moción proponiendo que la Administración local se adhiera a los principios del Pacto Social por el Agua Pública, presentado el pasado 3 de octubre en Murcia e impulsado por organizaciones vecinales, de consumidores, ecologistas, sindicatos, fundaciones científicas, operadores públicos y de otros ámbitos.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la denominada #IniciativaAgua2015, en la que se pretende subrayar el compromiso por una gestión pública, integrada y participativa del ciclo integral del agua, cumpliendo y haciendo cumplir varios principios fundamentales, así como las tareas que de ellos se deriven.
Partiendo de que el agua es un derecho humano universal, la disponibilidad y el acceso individual y colectivo a la misma tienen que ser garantizados en cuanto "derechos inalienable e inviolables de las personas", ha señalado la concejala de IU Ana García Sempere en referencia a los principios en los que se basa esta iniciativa.
En este sentido, ha incidido en que es un bien finito indispensable para la vida de todos los seres humanos y tiene que ser regulado con criterios de eficiencia y solidaridad y sobre la base de los principios de igualdad, equidad, realización progresiva y no discriminación.
En aplicación del derecho humano al agua, se aboga por implementar la gestión del suministro con criterios de equidad social, beneficio y voluntad de pago en las políticas tarifarias. Para ello, se garantizará una dotación mínima, cuyo valor debería concretarse --en el contexto mundial se encuentra entre 60 y 100 litros por persona y día--, y el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago justificados socialmente.
Asimismo, deberá destinarse el 0,7 por ciento del presupuesto del ciclo del agua a la colaboración en programas de cooperación al desarrollo en materia de recursos hídricos, aportando recursos y asistencia técnica a comunidades que lo necesiten.
Para avanzar en la mejora de este modelo de gestión, se deberán establecer planes de investigación en materia de gestión del ciclo del agua en las ciudades, a desarrollar mediante la colaboración con la Universidad, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales, ha indicado a Europa Press García Sempere.
El Pacto Social por el Agua destaca, asimismo, que los servicios de abastecimiento y saneamiento constituyen un ciclo urbano integrado, cuya gestión "es indisoluble y debe realizarse de manera conjunta".
En la medida en que el agua es un bien público, los ríos, acuíferos, lagos y humedales forman parte del dominio público hidráulico, y los servicios de abastecimiento y saneamiento se vinculan a derechos humanos y de ciudadanía. Por ello, ha advertido de que "no deben ser gestionados desde la lógica del mercado, bajo criterios y prioridades de negocio privado, sino desde la gestión pública, sin ánimo de lucro, como un servicio de interés general".
Ha defendido que desde la gestión pública se pueden prestar los servicios cumpliendo con los estándares más exigentes de calidad y eficiencia, contando con el compromiso y responsabilidad de los empleados y garantizando una gestión transparente en la que participe la ciudadanía.
EMPLEO
Por otra parte, el ciclo integral del agua debe ser un yacimiento para la generación de nuevos empleos, pero ha de evitarse que se produzca una precarización de las condiciones laborales y de la seguridad de los trabajadores. Así, "el Ayuntamiento, actuando en colaboración con las organizaciones sindicales, deberá tomar las medidas oportunas para garantizar, tanto en lo gestionado directamente por el ente público gestor como en su relación con las contratas, condiciones de calidad, seguridad y estabilidad", ha manifestado la edil de la coalición.
El Ayuntamiento deberá ejercer la responsabilidad que tiene en la adopción de las decisiones oportunas que aseguren la sostenibilidad del ciclo integral del agua en la ciudad, de acuerdo con la Directiva Marco.
Así, desde el ámbito medioambiental, preservará la calidad de las fuentes de suministro, asegurará que se utiliza el mínimo recurso necesario para satisfacer las necesidades de la ciudad, realizará programas de prevención de la contaminación basados tanto en la intervención sobre las infraestructuras como en programas de sensibilización y formación, minimizará el efecto de los vertidos a cauce público y compensará las afecciones medioambientales.
También actuará desde el ámbito económico, repercutiendo el coste real a los usuarios y aplicando tarifas que se fundamenten en los principios de suficiencia, equidad, eficiencia, sencillez y transparencia, y desde el estructural, planificando y realizando las inversiones necesarias para que el agua llegue a los usuarios en las mejores condiciones de acuerdo con las normativas, minimizando las pérdidas en las redes de suministro y saneamiento, adecuando la calidad al uso a que se destine en cada caso y tratando todas las aguas captadas por la red de colectores municipales antes de ser vertidas a un cauce natural.
INGRESOS
Se velará para que los ingresos que se obtengan a través de las tarifas de abastecimiento y saneamiento que se apliquen a los usuarios, así como los que provengan del alquiler o cesión de las infraestructuras hidráulicas públicas, subvenciones, operaciones de crédito o cualquier otro medio, se destinen a sufragar los costes de dichos servicios.
Se abogará, asimismo, por nuevas formas de control social y de democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva. Por ello, se defenderá un modelo de gestión en el que el ente público gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos de los que dependa como a los ciudadanos, y se trabajará para asegurar el acceso de todos los ciudadanos a la información.
Otro de los principios planteados es el compromiso a impulsar campañas de fomento del agua de grifo para reducir el consumo de la embotellada, según García Sempere, quien ha dejado claro que cualquier decisión del tipo de una propuesta de privatización debería ser sometida a "un amplio y profundo proceso de información pública que culmine en una consulta ciudadana con las garantías suficientes para que sus resultados fueran vinculantes".
