La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la petición realizada por Mesa de la Ría la semana pasada de aumentar el importe del aval depositado por Fertiberia hasta los 2.546 millones de euros.
El hecho de admitir a trámite esta solicitud, aún habiendo dictado con anterioridad un Auto de Ejecución que decía ser definitivo, "deja entrever que la tesis planteada por este colectivo ciudadano en su escrito tiene visos de ser considerada favorablemente", indica la plataforma ciudadana, que recuerda que ya mostró su preocupación por el hecho de que "el dueño de Fertiberia, Villar Mir, esté realizando contactos con otros grupos empresariales para negociar una posible venta de la factoría, lo que podría significar un nuevo caso Nilefos, en el cual un empresario 'fantasma' adquirió la antigua factoría de Rodhia con el único propósito de desaparecer con posterioridad y apropiarse ilícitamente de la subvención recibida por la Administración Andaluza, todo ello sin acometer la obligada descontaminación del suelo".
Para evitar que un caso similar vuelva a producirse, la Mesa de la Ría ha solicitado que se aumente el aval impuesto a Fertiberia hasta una cantidad suficiente para cubrir los gastos de restauración de la marisma, y de ese modo "evitar que una nueva espantada deje a las marismas de Huelva sin un responsable a quien obligar a que acometa su regeneración ambiental".
Del mismo modo, desde la Mesa de la Ría lamentan "otras opiniones vertidas por algún dirigente político onubense, en las cuales se solicita que las Administraciones hagan uso de fondos públicos, y por tanto de los ciudadanos de Huelva, para ayudar a sufragar los gastos de restauración de la marisma, a pesar de que en este caso existe una empresa que ha sido condenada a ello".
Mesa de la Ría asegura que "no va a aceptar de ningún modo que seamos la ciudadanía quien sufrague los gastos que ha ocasionado una empresa con una actividad reconocida como ilegal por los tribunales de justicia". Así, entienden que "el dinero público debe utilizarse para otros fines, máxime en una situación de precariedad económica y social como la que nos encontramos, y nunca utilizarse para pagar una sanción a quien ha incumplido la Ley".