La auditoría realizada por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la gestión de las subvenciones concedidas en materia de formación profesional para el empleo en la provincia de Cádiz durante los ejercicios 2009 a 2012 no deja lugar a la duda y es categórico en su dictamen: el órgano gestor de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz “no ha cumplido con la legislación que le es aplicable”. Lo determina a la luz de las pruebas documentales recopiladas y tras las que recomienda “estudiar la procedencia de iniciar expedientes sancionadores por los incumplimientos detectados”, así como “analizar las actuaciones derivadas de los informes de Auditoría, y en su caso proponer las actuaciones oportunas, ya que en todos los expedientes cuya justificación se ha analizado, las conclusiones mencionadas en el Informe preceptivo del auditor, son modificadas por el órgano gestor” de la Dirección Provincial del SAE.
La auditoría, que es demoledora en su conjunto, ha sido realizada en respuesta a las “numerosas e importantes irregularidades” detectadas “en los expedientes controlados que afectan fundamentalmente a la gestión realizada por los servicios de formación en la tramitación de las subvenciones de Formación para el Empleo”.
A la hora de realizar el estudio se han analizado cinco líneas de subvenciones: las de Formación Profesional Intensivas, las Formativas con compromiso de contratación, los cursos formativos dirigidos a desempleados, las acciones formativas con compromiso de contratación y las dirigidas a personas ocupadas.
En este sentido, el número de expedientes existentes durante el periodo analizado ascendía a 321, por lo que se ha aplicado un porcentaje muestral que ha centrado el estudio en un total de 55 expedientes de cuyas sumas resulta un total de 8,4 millones de euros en concepto de subvenciones, el 32% del total concedido entre los años 2009 y 2012, que superó los 26 millones de euros.
Las conclusiones
Del análisis de los 55 expedientes seleccionados la Intervención General extrae una larga lista de conclusiones que divide entre los procedimientos y gestión de las subvenciones y las justificaciones de los fondos recibidos.
Por lo que respecta al primer caso, la Intervención General expone que “en todos los expedientes analizados se ha concedido la ayuda a beneficiarios no inscritos en el Registro Andaluz de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo, sal vando el incumplimiento con la resolución del reconocimiento de ellos como Centro Colaborador, cuyo fundamento jurídico ya estaba derogado”.
“Se ha constatado una demora en la finalización de los expedientes”, por lo que “se puede concluir que no se ha cumplido el objetivo del programa”, apunta el informe, quien resalta a su vez que se han producido “incumplimientos significativos, especialmente cuando se trata de la concesión de ampliación del plazo de ejecución solicitado por los beneficiarios” sin justificación documental. Además, en ninguno de los expedientes se acredita la publicación en BOJA.
Con respecto a la justificación de los fondos recibidos, el informe resalta que de los 55 expedientes analizados, sólo doce acompaña “alguna documentación justificativa. En algunos casos es incompleta, en otros una fotocopia simple de facturas o en un CD sin que la misma pueda revertir el carácter de documento auténtico”.
Tampoco queda constancia en los expedientes cuál ha sido el criterio de selección de los alumnos, ni existe documentación de las fichas de los mismos, con documentación del profesorado, horas a impartir, material a emplear... Asimismo, “en ninguna de las subvenciones existe documentación que acredite que se han realizado las evaluaciones o el informe de impacto de la Formación Profesional para el Empleo”.
En el análisis de los gastos imputados “se constata la existencia de gastos considerados como subcontratación, realizados por entidades vinculadas al beneficiario que no cumplen los requisitos”. Además, “se imputan en los gastos de docencia cuantías que o bien exceden de las admisibles, por el número de horas dedicadas a la formación, o bien por no acreditar el carácter indubitado de las mismas”. Por otro lado, “se admiten equipos didácticos en los que no se justifica la entrega a los alumnos, se imputan gastos de muy diversa índole y por importes elevados”.
La auditoría culmina resaltando que “en todos los casos el informe que se emite afirma que no se han observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable, aceptando como justificados los gastos aportados por el beneficiario”.
La Intervención General adjunta a su informe una serie de recomendaciones de cara a corregir las irregularidades detectadas, entre las que apunta que “en la justificación de las ayudas, sería conveniente requerir a los beneficiarios la presentación de la documentación a la que están obligados una vez vencido el plazo de justificación, resolviendo en caso de incumplimiento la cancelación de las ayudas, e incoando los expedientes de reintegro de los anticipados abonados”
Partes sin firmas de los alumnos
No constan en los expedientes todos los partes de firmas de los alumnos asistentes, con lo que no es posible determinar el cómputo de los alumnos finalizados ni determinar si la cuantía final de la subvención es la correcta.
La situación de los docentes
En algunos meses se imputan costes laborales de docentes, sin que se aporte documento alguno que acredite su vinculación con el beneficiario de la ayuda, no constando en el expediente ni contrato laboral ni prestación de servicios.
El coste de los materiales
Se imputan bajo la denominación de material didáctico y con importes elevados gastos, entre otros, de material de limpieza e higiene, gastos varios consumibles, adquisición de material inventariable... de los que no se puede obtener evidencia fidedigna.
Los 55 expedientes analizados en la auditoría de la Junta
Los expedientes de las empresas que fueron subvencionadas para ofrecer cursos de formación ascienden a 55 y aparecen recogidas bajo los siguientes epígrafes:
Expedientes con resulución de liquidación (en firme)
Fyser xxi sl
Alcampo sa
Formación 2002 sl
As.cardijn
Mancomunidad sierra
Fyser xxi sl
Observa sca
Ingecoop sca
Afanas el puerto
Forinsur sl
Form.vial de alba sl
Análisis y form.aplicada sl
Expedientes con documento contable en fiscalización previa
Centro estudios progreso sl
Forinsur sl
Mancomunidad campo gib.
Forinsur sl
Fund.escuelas profes.
Maderas combinadas alg.sl
Expedientes con doc. cont. en fisc. previa y doc.cont. en cfp
Fyser xxi sl
Agrup.empresas aeronáut.sl
C.form.fuentenueva sl
Formación 2002 sl
Centro arte moda y diseño sl
Centro form. syslan sl
Form.integral ocupac.sl
Gálvez peluqueros sl
Preventec consulting sl
Academia bahía sl
Infosur informática sl
Autoescuelas chuchi sl
Agrup.local empr.piel alep
Fund.formación prof.
Colegio sagrado corazón
Fund.laboral construcción
Forinsur sl
Mancomunidad sierra
Mancomunidad janda
As.apoyo al medio ambiente
As.entid.innovac.tec.andal.
Expedientes con doc. cont. y tramitados en fisc.previa
Fyser xxi sl
Industrias gráficas gaditanas sl
Gálvez peluqueros sl
Aplicaciones ofimátias sl
Rentiempresa sca
Centro arte moda y diseño sl
Formación 2002 sl
Mancomunidad janda
Mancomunidad sierra
As.afanas
Ins.formación y estudios soc.
As.ay.minusv.psiq.cádiz
Colegio sagrado corazón
As.proa la janda
Fund.formación profesional
