Tres integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Huelva se han sentado este jueves en el banquillo acusadas por la Policía Nacional de un delito de desobediencia civil por presuntamente grabar a los agentes durante una protesta en apoyo a la ‘Corrala Utopía’. A la espera de la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, la plataforma está satisfecha porque durante la vista el fiscal ha pedido la absolución de las tres imputadas.
Paqui Segarra es una de las afectadas, y en declaraciones a Viva Huelva ha aplaudido la decisión del fiscal y ha lanzado un mensaje a navegantes: “Huelva no tiene miedo, no nos van a callar por más mordazas que intenten ponernos, somos un colectivo pacífico que llevamos más de dos años haciendo acciones a razón de una o dos semanales sin haber tenido nunca un problema, por eso nos ha sorprendido tanto esta denuncia, que no tiene donde sustentarse, como ha quedado probado en el juicio”.
Además, ha hecho hincapié en que “los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no son protagonistas de las acciones de la PAH, por eso cuando grabamos o hacemos fotos, lo hacemos de nuestras acciones para difundirlas, pero en ningún momento los agentes son protagonistas”.
Convencida de que serán absueltas, Segarra asegura que en la plataforma están “muy contentos”, porque “se demuestra que la Justicia funciona cuando se va con la verdad”.
La PAH ha tenido una agenda apretada este jueves, pues además de acompañar a las tres compañeras durante el desarrollo del juicio, han protagonizado un pasacalles por las calles del centro de la capital onubense en protesta contra la Ley Mordaza del Gobierno central.
La acción se inició en la plaza Doce de Octubre, desde donde se adentraron en las calles peatonales para gritar a viva voz que “No nos callarán”. De hecho, en una nota que han repartido durante el pasacalles, afirman que “Huelva dice no a la Ley Mordaza porque no somos delito, pero quieren que lo seamos; porque quieren silenciarnos, pero no lo conseguirán; porque quieren aniquilar nuestros derechos, pero no tenemos miedo y lucharemos para que nuestra voz se escuche más que nunca”.
Además, lamentan que la nueva ley, entre otros aspectos, “criminaliza la protesta social y la libertad de expresión, incumple todos los tratados de Derechos Humanos y suaviza las condenas para delitos de guante blanco”.
