La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de ocho años de cárcel impuesta al exdelegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz con el PP Manuel Rodríguez de Castro y le ha impuesto una multa de ocho millones de euros por el delito de fraude en la obtención de subvenciones en el denominado caso Rilco.
Según la sentencia, la sala estima así parcialmente los recursos de la Fiscalía y de la acusación particular, ejercida por el PSOE de Cádiz, en cuanto que reclamaron que la sentencia dictada en el caso por la Audiencia de Cádiz había omitido la pena de multa que ahora impone.
El Supremo confirma el resto de la condena, una pena de seis años de cárcel por delito continuado de malversación de caudales públicos y otros dos años de cárcel por fraude en la obtención de subvenciones públicas. Además, le impone otros siete años de inhabilitación por prevaricación.
Cabe recordar que la Red Iberoamericana de Logística y Comercio, Rilco, fue un proyecto de Rodríguez de Castro, que fue delegado entre 1996 y 2001, concebido como una plataforma de comercio electrónico que sirvió para sustraer dinero en beneficio propio. Por Rilco, la Zona Franca de Cádiz obtuvo subvenciones millonarias pero estas, lejos de destinarse a la red de comercio electrónico, fueron a parar al exdelegado.
En la sentencia, la Sala respalda el pronunciamiento de la sentencia de la Audiencia gaditana sancionando los “abusos de poder”. Subraya el alto tribunal que “nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes públicos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos deberían ser los primeros custodios”.
Del mismo modo, el TS estima el recurso del abogado del Estado, apoyado por el fiscal y por el propio condenado, y le retira los 200.000 euros que le habían sido impuestos por responsabilidad civil derivada de los delitos objeto de condena, al considerar que en esa materia se debe estar a lo establecido por el Tribunal de Cuentas en la determinación de la responsabilidad contable, que ya le condenó en 2011 a pagar los 1,6 millones de euros en los que perjudicó a los caudales públicos del consorcio.
Absolución de Osuna
La sentencia, de 137 páginas y de la que es ponente Candido Conde-Pumpido, rechaza el resto de motivos de los recursos tanto del condenado como de la Fiscalía y la acusación particular, confirmando la absolución del que fuera delegado especial en el Consorcio y sucesor de Rodríguez de Castro, Miguel Osuna, que estuvo en el cargo entre 2001 y 2004.
Del mismo modo, mantiene la absolución de los otros tres acusados, el matrimonio compuesto por Germán y Camila Leiva -titulares de Miami Free Zone, adjudicataria en un primer momento de Rilco- y el exdirector general de Rilco Rafael Ortiz.
