La empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, encargaba encuestas políticas y de intención de voto en los municipios de la Comunidad de Madrid en los que obtenía adjudicaciones públicas en materia de eficiencia energética, que estaban vinculadas, según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al pago de mordidas a sus cargos públicos.
Así consta en un auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contenido en el sumario del 'caso Púnica', al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se apunta que este tipo de sondeos se realizaron al menos en los municipios madrileños de Parla, gobernado por el PSOE; y Valdemoro, Brunete y Torrejón de Velasco, regidos por el PP.
En la resolución, fechada el pasado 23 de abril, el juez instructor considera "probado" que para lograr la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética la empresa Cofely se comprometía a realizar "encuestas de opinión para las autoridades municipales" que se trataban de "disfrazar" como sondeos sobre "gestión energética".
Sin embargo, según apunta el juez Velasco, las investigaciones sociológicas tenían "índole política" y "no tenían vinculación con el objeto de los contratos públicos suscritos por Cofely ni con la naturaleza de sus servicios", ya que "servían técnicamente a los intereses de las autoridades políticas de los municipios donde se adjudicaban o se tenía previsto adjudicar los contratos".
LOS "SEÑORITOS" DE BRUNETE
Para "materializar y pagar" estas encuestas, realizadas por la empresa TNS Investigación de Mercados y Opinión, la red Púnica acudía a las empresas del constructor David Marjaliza, socio y amigo de la infancia del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados. "Cofely tenía dificultades para justificar el pago de dichos servicios", explica el juez.
Al juez le "llama la atención" una conversación entre Marjaliza y el director de TNS, Víctor Manuel Sobrino, en el que utilizan "un lenguaje convenido entre ambos" para referirse a la localidad como "el pequeño municipio" y a las autoridades locales como "los señoritos". Este aspecto, según Velasco, es "extraño en una relación comercial normal", a no ser que ambos estén "al corriente de aspectos no convencionales en el encargo de un servicio de encuestas".
En relación con Brunete, el magistrado indica que el compromiso de realización de encuestas referidas a la "imagen de la gestión municipal y las expectativas de voto" podría "estar vinculado a la previsión" de obtener un contrato de eficiencia energética en el municipio que, según "fuentes abiertas", habría alcanzado los 8,91 millones de euros.
MÁS DE DOS MILLONES DE COMISIONES EN PARLA
En el caso de Parla, el juez Velasco señala que Cofely encargó encuestas por valor de 40.000 euros y adquirió el "compromiso" de realizar un pago inicial de 300.000 euros en concepto de comisiones para "los funcionarios y autoridades municipales que se conciertan" con la empresa y otro de 2,4 millones, que se corresponde con el 2 por ciento del montante total del contrato.
En Torrejón de Velasco, donde Cofely se hizo con un contrato de 4,85 millones de euros, se realizaron tres encuestas por un valor de 25.000 euros que se acompañaron con la instalación de un marcador en un centro deportivo.
Con respecto con Valdemoro, un correo electrónico fechado el 29 de septiembre pasado apunta que TNS tenía pensado incluir en una encuesta "algunas opciones partidistas en valoración y posible intención de voto", así como "evaluar la opción de algún posible nuevo candidato a la Alcaldía". Cofely se adjudicó en el este municipio un contrato por valor de 65,4 millones de euros.
