La Sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha remitido una diligencia a las Cortes regionales para que, en el plazo de cinco días expida certificación respecto a si sigue siendo aforada como diputada o es senadora, con motivo de una denuncia del PSPV contra ella por mantener menciones y símbolos franquistas en edificios de la ciudad, frente a lo establecido en la Ley de Memoria Histórica.
Según el escrito judicial, contra la resolución cabe la posibilidad de interponer un recurso de reposición ante el Secretario Judicial de la Sala en el plazo de tres días.
El pasado mes de abril, el secretario del PSPV de la provincia de Valencia, José Luis Ábalos, el coordinador del Grupo para la Memoria Histórica, Matías Alonso, junto al abogado Eduardo Ranz, presentaron sendas denuncias contra el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y la alcaldesa Rita Barberá por mantener menciones y símbolos franquistas en edificios de la ciudad frente a lo establecido por la Ley de Memoria Histórica.
Según ha explicado Ábalos a Europa Press el TSJCV resolvió que era incompetente porque el parlamento estaba disuelto desde el 30 de marzo, con motivo de la convocatoria electoral del 24 de mayo. Tras esto, el caso pasó a un tribunal ordinario, pero con el nuevo periodo de sesiones parlamentario, el TSJCV remite a la Cámara la petición que se quedó sin cursar en su momento.
MANTIENE EL ACTA
En el caso de Barberá, fue elegida diputada autonómica en los pasados comicios y hace una semana se le nombró senadora territorial por las Cortes a propuesta del PP. Sin embargo, según fuentes 'populares' han indicado a Europa Press que la exalcaldesa de Valencia a fecha de hoy no ha renunciado al acta. De hecho, el TSJCV reclama en su escrito la fecha y los efectos de este nombramiento.
En la denuncia a Barberá, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se cita como símbolos franquistas mantenidos el Monumento a los Caídos en la en la plaza de la Porta de la Mar; un escudo anticonstitucional en la fachada de un centro Juvenil, de la Calle Pablo Meléndez; otros en el CEIP Padre Mansón y el Teodoro Llorente o en la fachada de la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix y en la de Benimaclet.
En el escrito al cardenal Cañizares, ante los juzgados de instrucción de Valencia, ponen como ejemplo que el retablo del Altar Mayor de la Iglesia de la Santa Cruz de Valencia existe una pintura idéntica al General Francisco Franco; en la parroquia de San Valero se observa Placa cuya leyenda finaliza con la expresión "año de la Victoria 1939" o que en la Iglesia de la Punta existe una hornacina en la fachada dedicada a 'José Antonio', fundador de Falange Española, y otros "caídos", entre otros símbolos.
El abogado especializado en Derechos Humanos Eduardo Ranz presentó los escritos de denuncia ante los tribunales, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República, por un posible delito contra la independencia del Estado del artículo 589 del Código Penal, al entender que los obispos dependen de las instrucciones de la ciudad del Vaticano, la cual está constituida como un Estado Independiente y no cumplen con la legislación española.
