El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado en la mañana de este miércoles a su salida a los juzgados de San Roque que mantiene su tesis de que la denuncia por no dejar grabar un pleno por la que se encuentra imputado por supuestos delitos de coacciones y prevaricación es una campaña orquestada por el Partido Popular y un policía de La Línea, en alusión al denunciante, el agente de la Policía Local de San Roque Marco Antonio Villada. "Este escenario únicamente tiene intereses políticos por parte del PP. La acusación de esta demanda la lleva un militante del Partido Popular que es el que ejerce como abogado, que además fue parte integrante de las listas del PP en el año 2011 y que, por tanto, era parte interesada en que esta situación lleve a lo que todos conocemos: que durante dos años estemos continuamente en los medios de comunicación", ha recalcado el regidor.
El primer edil ha explicado que "mi abogado ha solicitado que se proceda al archivo de las actuaciones, al sobreseimiento, al entender que ninguna de las actuaciones que se están juzgando son constitutivas de delito penal y, por tanto, no tienen ninguna trascendencia".
Ruiz Boix ha indicado que se encuentra muy tranquilo porque el resultado de las pasadas elecciones municipales, en las que obtuvo mayoría absoluta, demuestra que San Roque sigue confiando en él. Asimismo, defendió la transparencia demostrada por su equipo de Gobierno. Sobre el impedimento a grabar un pleno ha precisado que " sigue siendo a fecha de hoy, todavía, una cuestión que es discrecional y motivada por parte del alcalde permitirlo o no permitirlo hasta que comience a obligarse por parte de la Ley de Transparencia, que tanto la estatal como la autonómica son posteriores a los hechos. Además, todavía estamos en fase de carencia, aún no existe el inicio de esas obligaciones por parte de este Ayuntamiento. Mi Gobierno ha dado muestras claras de transparencia".
El regidor municipal llegó a los juzgados poco antes de las 10.00 horas, y entre las personas que acudieron a la sede judicial pudo verse también los ediles Dolores Marchena, José Antonio Rojas y Juan Manuel Ordóñez.
Además, el alcalde acudió para declarar por un caso relacionado con la Universidad Popular, comparecencia que finalmente se ha suspendido a petición del abogado del Ayuntamiento, que ha presentado la resolución del Contencioso Administrativo, a favor del Consistorio y ha solcitado el archivo de la causa.
Polémica del pleno
Todo se remonta al 27 de febrero de 2013, durante la celebración de una tensa sesión plenaria durante la que un colectivo compuesto por policías locales del municipio estaba realizando protestas contra el concejal de Seguridad, Juan Manuel Ordóñez. En el transcurso de aquel pleno, Ruiz Boix expulsó de la sala al denunciante, que intentaba grabar la sesión con un teléfono móvil.
ya en un pleno anterior habría tenido problemas este vecino para poder ejercer este derecho. Posteriormente, y a causa del tono en que se estaba produciendo la sesión, Ruiz Boix acabó desalojando el pleno, dejando únicamente a la prensa y los grupos políticos de la corporación
La oposición, representada por Partido Popular y USR, decidió abandonar la sala por su rechazo a la actitud que en ese momento estaba mostrando el alcalde.
Ruiz Boix presentó, en su momento, un recurso de apelación y elevó el caso a la Sección de la Audiencia provincial que devolvió el caso al juzgado desestimando dicho recurso.
La decisión de la sala ubicada en Algeciras fue firme y no cabía recurso contra ella. Devolvió el caso al juzgado sanroqueño, donde Ruiz Boix declara en estos momentos para exponer su versión de los hechos ante el juez.
