La Junta de Andalucía pagó, sin corresponderle, más del 25% del coste del despido de nueve empleados de SOS Cuétara, pertenecientes a su filial Cetro Aceitunas de Alcalá de Guadaíra, en un expediente de regulación del empleo (ERE) que nunca existió tras ordenarlo el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que dio el visto bueno a la refinanciación de una póliza cargada de irregularidades.
Según se desprende del informe enviado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la trama de los ERE, por un equipo de peritos de la Intervención General del Estado, SOS presentó un expediente de regulación de empleo para su planta de Alcalá de Cetro Aceitunas en diciembre de 2003 que finalmente no fue aprobado, puesto que sólo afectaba a 9 de sus 144 trabajadores, por lo que se procedió a su despido por causas objetivas.
Sin embargo, el expediente de la ayuda continuó su tramitación “careciendo del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos”, empezando por la propia naturaleza de la ayuda, puesto que el coste de los despidos, al ser objetivos, debía ser asumido por la empresa, y no por la Junta, que en la póliza inicial (de 1,3 millones) aceptaba pagar el 57,4% del total del coste, aunque finalmente sólo fue abonado un 27,4% (358.015 euros) y tras refinanciarse la póliza, intereses incluidos, en el año 2009.
Este “tomador impropio” es una de las principales irregularidades detectadas por los peritos de la Intervención del Estado aunque no es, ni con mucho, la única hallada. El informe rechaza que sea una subvención para llamarla “una verdadera ayuda directa a la empresa”, concedida además sin que conste que la empresa no tuviera capacidad económica para asumir el pago de esos despidos objetivos. La Junta asumió con esa póliza “la obligación del empresario de abonar la indemnización por despido”, dice.
Tras destacar que la ayuda, al prescindir “total y absolutamente del procedimiento legal establecido”, puede ser causa de “nulidad de pleno derecho”, extremo que se une a que la Consejería de Empleo concedió la ayuda en 2004 con cargo a un “concepto presupuestario inadecuado”, considera que el IFA-IDEA está obligado a devolver a la Tesorería de la Junta esos 358.000 euros abonados.
Además, Guerrero, como director general de Trabajo y quien ordenó el pago de la póliza refinanciada en 2009, concedió la ayuda “sin competencia legal para ello”, con criterios “totalmente discrecionales”, sin publicidad, concurrencia y objetividad, sin constar solicitud formal alguna del beneficiario ni resolución motivada de la concesión de la subvención.
Tampoco se cumplió la ley al elegir a la aseguradora, ni hubo fiscalización previa ni consta ningún seguimiento en la aplicación de la ayuda concedida.
