El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Cádiz (COSITAL) ha enviado hoy un comunicado a los medios en el que se refiere a la citación judicial del Alcalde de Los Barrios para declarar como investigado por un posible delito de prevaricación por supuestos nombramientos ilegales de funcionarios para el ejercicio de funciones reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Apuntan que "en nuestra condición de entidad representativa de los derechos e intereses profesionales de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, queremos destacar nuestra absoluta prioridad para que se cubran todos los puestos vacantes de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Cádiz. Todo ello con la finalidad de garantizar debidamente que las importantes funciones reservadas, que la ley atribuye a nuestro colectivo, en orden al control interno y fiscalización del funcionamiento de las entidades locales conforme a la legalidad, sean ejercidas por funcionarios con la adecuada preparación y competencia profesional".
Por ello, insisten en que "son continuas las gestiones y actuaciones de todo tipo que realizamos para procurar que se cubran debidamente los puestos vacantes, y que su ejercicio se realice conforme a le"y.
Cosital precisa que "solo en el caso de que no resulte posible que un funcionario con habilitación de carácter nacional, ocupe el puesto, puede acudirse a nombramientos de interinos o accidentales, que deben ser designados con las mayores garantías de objetividad y transparencia y entre el personal funcionario suficientemente capacitado. En este sentido, este Colegio realiza una labor de intermediación entre los miembros del colectivo y las administraciones implicadas cuando éstas nos lo solicitan, para procurar que se cubran las posibles vacantes, publicándose continuamente anuncios en la página web (cositcadiz.org) y remitiendo correos electrónicos a todo el colectivo, a nivel provincial, andaluz e incluso, estatal".
El Colegio indica que "estos puestos deben cubrirse mediante nombramientos efectuados, dependiendo de los casos, por la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma, respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sin que quepa el nombramiento directo por el Alcalde u otros órganos municipales".
No obstante, indican que "no ignoramos que en determinados supuestos, es difícil la provisión de algunos puestos de trabajo, dado el reducido número de funcionarios con habilitación nacional, por lo que instamos a la Administración General del Estado, a la que corresponde nuestra selección, que convoque oposiciones, a la mayor brevedad, para cubrir las vacantes".
Cosital apunta qu e"es obligatorio que en todas las Entidades Locales los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería estén ocupados por funcionarios con habilitación de carácter nacional, especialmente seleccionados y formados para las funciones de control legal y económico, necesarias, preceptivas e imprescindibles para el buen funcionamiento de cualquier administración o entidad". Además, añade que "estos puestos, han de existir en los Ayuntamientos y Diputaciones, sus organismos autónomos y agencias, y además, en las Mancomunidades, Consorcios y en los grupos de desarrollo rural y pesquero, como responsables administrativos financieros, entre otras entidades".
Por todo ello el Colegio ha interpuesto varias demandas judiciales para instar la provisión de los puestos vacantes por personal habilitado, "muchas veces ocupados indebidamente por personal accidental, asumiéndose los costes judiciales a través de las cuotas colegiales, ante la pasividad de las administraciones competentes".
Advertencias de la Junta
Cosital recuerda que "la propia Junta de Andalucía ha advertido en numerosas ocasiones que los nombramientos de funcionarios accidentales para funciones reservadas que efectúen las Entidades Locales son nulos de pleno derecho, ya que los expedientes de nombramiento, han de ser resueltos, en todo caso, por la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía a propuesta de la respectiva entidad local".
Y concluye apuntando el Colegio que "el nombramiento irregular de funcionarios no sólo supone un vicio legal, sino que además puede afectar gravemente a la validez de expedientes y actos administrativos en los que aquellos hayan intervenido. Lo que se comunica oficialmente, para general conocimiento, mostrando la disponibilidad de este Colegio Provincial para informar y asistir a todas las Entidades Locales de los procedimientos para la provisión de los puestos reservados, ya que el control legal y económico es fundamental, tanto para el cumplimiento de la legalidad como para el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas y mejora de los servicios públicos al servicio de la ciudadanía".
