El TS admitió el miércoles a trámite una querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra Garzón, al que acusa de un delito de prevaricación en relación con la causa en la que investigó las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo por declararse competente para ello a sabiendas de que no lo era.
Un grupo de abogados ha suscrito un comunicado en el que consideran que la querella pretende que se olviden los hechos cometidos por la dictadura franquista y “atacar” la actuación de Garzón “con el propósito de socavar su independencia, su prestigio y su propia labor jurisdiccional”.
Los abogados –que manifiestan su sorpresa por la decisión del TS– consideran que la querella “carece de todo fundamento fáctico y jurídico” y resulta una medida de presión “absolutamente rechazable” a la actividad del magistrado.
Por ello, los letrados han pedido al TS que corrija a la mayor brevedad posible la situación creada al admitir a trámite la “infundada” querella para “restituir inmediatamente la consideración intachable, en todos los órdenes” que Garzón “merece y es reconocida” en España e internacionalmente por la persecución de crímenes “de análoga naturaleza cometidos por crueles dictaduras en otras partes del mundo”.
El comunicado de apoyo al juez está suscrito por los abogados Fernando Magán, Bernardo García, Leo Bobadilla, Francisco Sánchez, Francisco Palomo y Antonio José Vélez.
También el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha recibido “con preocupación lógica” la decisión del Tribunal Supremo, aunque ha destacado que el estar imputado “no conlleva un pronunciamiento expreso de indicios de culpabilidad”.
“Todos los ciudadanos, seamos jueces o no, estamos sometidos a la ley, y el hecho de que haya sido imputado, al día de hoy no prejuzga nada, ya que el concepto de imputado en nuestro ordenamiento jurídico tiene unos perfiles muy concretos”, ha insistido Juanes en declaraciones a Efe.
