La juez de Instrucción número 8 de Sevilla ha citado este miércoles a declarar como investigado al concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Tomares, Eloy Carmona (PP), dentro de la causa en la que se investiga el pago al ex edil de Medio Ambiente Juan Campos (PP) durante dos años de más de 2.000 euros al mes por la realización de informes de un frase.
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la juez instructora, inicialmente, citó a declarar a Eloy Carmona el pasado día 9 de febrero, pero tuvo que aplazar la comparecencia a este miércoles tras un fallo del sistema informático en el que se guardan las declaraciones.
La declaración de Eloy Carmona y del resto de investigados en esta causa se llevarán a cabo después de que, en diciembre de 2015, el perito que ha analizado la contratación de Juan Campos ratificara ante la juez las "irregularidades" de dicha contratación.
Este perito también ratificó en diciembre el informe en el que concluye que ese contrato "debió ser declarado nulo de pleno derecho al prescindirse total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para su adjudicación y firma".
En esta causa, están siendo investigados el propio Eloy Carmona, Juan Campos, y las que fueran ediles de Urbanismo, Pilar Domínguez, y de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes, así como el vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada 'Guerra 21'.
CAUSA DE ESPECIAL COMPLEJIDAD
En abril del pasado año 2015, y dada su condición de aforado por ser senador, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó la causa contra el alcalde, José Luis Sanz, al no apreciar "indicios relevantes" de que hubiera cometidos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
De su lado, la juez instructora ha aceptado la petición realizada por la Fiscalía hispalense y ha declarado la causa de especial complejidad, lo que permitirá a la magistrada disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.
