El funcionario de la Universidad de Almería (UAL), ya cesado, investigado por desviar presuntamente más de 240.000 euros de dinero público con la compra de sellos entre los años 2003 y 2015, ha prestado declaración este martes en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción 3 de Almería, cuya titular, tras esto, le imputa la presunta comisión de delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y falsedad.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han precisado que F.J.C.F. ha comparecido ante la jueza Ana Belén Vico, encargada de la investigación después de que la Fiscalía interpusiera denuncia contra él a raíz de los hechos que puso en su conocimiento la propia institución académica.
Para este miércoles están citados, asimismo, dos testigos, en concreto, dos jefes de servicio de la UAL ante quienes el investigado habría "admitido" el supuesto desfalco después de que le interpelasen sobre el "descuadre económico" encontrado en la compra de sellos
Fue la propia UAL la que puso en conocimiento del Ministerio Público en septiembre las conclusiones de una investigación reservada que se inició en un cotejo de datos realizado por la Unidad de Contratación, de Patrimonio y de Servicios Comunes sobre el volumen de compras a proveedores con el objetivo de "reducir costes" y coincidiendo con el inicio del mandato del nuevo rector, Carmelo Rodríguez.
La universidad detectó un primer "desajuste económico" en el ejercicio 2014 entre la contabilidad y el expediente de contratación con la Sociedad Estatal de Correos por un importe, en principio, superior a los 31.000 euros.
A partir de ahí, y tras entrevistar al supuesto responsable, la información reservada se remontó hasta el año 2002 y, tras revisar los datos, se habrían constatado "discrepancias" a partir del año 2003 que, en total, habrían dado lugar a "un desajuste "por importe de 240.445 euros".
La investigación de la UAL habría revelado, asimismo, que el funcionario supuestamente se "apropiaba" del importe de los "anticipos para la compra de sellos obtenidos cada 15 días" y que, además, habría podido "falsificar las facturas que se entregan como justificante" ya que se "observó la ausencia de requisitos necesarios para ser consideradas válidas".
La Fiscalía acordó formular denuncia y pedir la incoación de procedimiento penal a apreciar, sin perjuicio de una más depurada calificación en su momento procesal oportuno, que los hechos comunicados por la universidad podrían suponer un presunto delito de malversación de caudales públicos y un supuesto delito de falsedad en documento oficial.
La UAL, además de incoar expediente disciplinario por presuntas faltas graves y comunicar las conclusiones a las que llegó en el trámite de información reservada, puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía los hechos "por los perjuicios causados a los fondos públicos universitarios".
Por otro lado, el funcionario ha sido desautorizado para disponer o utilizar fondos económicos de cualquier centro de gasto de la institución.
