La bandera republicana ondeó ayer, 14 de abril, en el Ayuntamiento gaditano, tan solo por unas horas, acto que desató no pocas polémicas en torno a este hecho.
Mientras que el alcalde, José María González, Kichi, ponía en un tuit que “a denuncia del PP la jueza ordena arriar “inmediatamente” la tricolor del Ayuntamiento. Su rabia prohíbe la memoria. Prefieren la de Panamá”, el PP de Cádiz capital le respondía que “El PP no ha denunciado nada. Lo ha hecho el abogado del Estado”, acompañado de un hashtag #rigorenpodemos (simulando al mismo que utilizara Podemos Cádiz en su campaña contra la prensa).
Un tuit el del alcalde que comenzó a no dejar indiferente a la ciudadanía, que ante este asunto estuvo más dividida en sus opiniones que en ocasiones anteriores.
A primera hora de la mañana, era el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, quien indicaba que “la normativa es muy clara”, destacando que, cualquier bandera adicional tendría que ir acompañada de la de España. Con todo, aseguraba que “soy un convencido de que la República puede ser el mejor sistema posible, pero tenemos una Constitución que marca las reglas”, añadiendo que “es una actitud absurda de distintos ayuntamientos poner una bandera en contra de la norma”, no entendiendo la polémica abierta en este sentido.
El regidor gaditano, ante estas declaraciones, mostraba su estupor a un acto amparado en la Ley de Memoria Democrática que “ellos mismos aprobaron”, refiriéndose al PSOE.
Por otro lado, el alcalde, en relación al descubrimiento de una placa con el nombre del alcalde y los 21 concejales que fueron asesinados, según la nota de prensa del Consistorio, a raíz del golpe de estado de julio de 1936, indicaba que este acto “pretende hacer justicia y recuperar la memoria y la dignidad de los 22 representantes municipales que tras el verano de 1936 fueron asesinados por su posición ideológica”.
Añadiendo que izar la bandera “no va en contra de la ley”, animando al PP a “reconciliarse con su pasado”, algo que entiende que “sería bueno” para un partido en el que “existe una genealogía directa con aquellos que protagonizaron el golpe de Estado del 36”. Además, aseveraba que le daba “pena” ver cómo “el PP utiliza las instituciones que todavía controla para intentar manipular y socavar actuaciones de conciliación, reparación y de justicia que simbolizan actos como” el del día de ayer.
En este caso actuó la denuncia interpuesta por el abogado del Estado. Con todo, recordar que la Delegación del Gobierno impugnó, a primera hora de la mañana, por lo contencioso administrativo, este asunto, “por no ser ajustado a derecho”, basándose para ello en la Ley 39/1982 de 28 de octubre.
El artículo tercero de dicha ley dice que “la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado”, como se recoge en la misma.
El Consistorio acata la medida del Contencioso Administrativo
El Ayuntamiento de Cádiz arrió en la tarde de ayer la bandera de la II República Española que lucía junto a la bandera de España, la de Andalucía y la de el pendón gaditano en virtud de una medida cautelar adoptada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cádiz tras una denuncia presentada por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. A pesar de todo indican que estaba previsto arriarla por la noche.
La medida cautelar adoptada por el Juzgado fue comunicada al Consistorio a las 15:10 horas.
El equipo de Gobierno recalca que junto a la bandera de la República ondeó la actual enseña española en un lugar preferente,“cumpliendo en todo momento la Ley de Banderas”. Asimismo, recuerda que ya se izó en el mismo mástil tanto la bandera arcoiris como la de la transfobia o la scout. Sobre la actitud del subdelegado del Gobierno interino en Cádiz, Javier de Torre, el alcalde lamenta “la discrecionalidad en la acción de un cargo institucional que ha ido a por el Ayuntamiento de Cádiz”. Se muestra “sorprendido” por “la celeridad judicial”.
