Juan Manuel Marchante Martínez, el vigilante de seguridad presuntamente asesinado el pasado 8 de abril, cuando prestaba servicio en el atunero vasco Txori Gorri no debió morir a manos de su compañero. La empresa debería haber reemplazado a su presunto asesino cuando recibió varias comunicaciones de Marchante sobre el estado de su subordinado.
¿Qué es lo que evitó que se produjera ese reemplazo a pesar de que Juan Manuel Marchante debía tener la consideración de la empresa, tanto por su experiencia –fue infante de marina- como por sus dotes de mando? Posiblemente los gastos que ocasionaba el reemplazo del vigilante o el poco tiempo que quedaba para terminar su misión.
De todas formas, tres personas en un barco no darían abasto para repeler un ataque. Se necesitan al menos cuatro y si puede ser, cinco. No sólo por cuestiones de operatividad, sino porque se trata de un destino muy distinto a los habituales en los vigilantes de seguridad al unirse tanto los riesgos de la misión como el aislamiento durante seis meses. Una bomba de relojería en cualquier persona con algún tipo de perturbación. No necesariamente porque no estuviera en condiciones de embarcar, sino porque la presión hubiera podido con ella.
Esas son algunas de las conclusiones a las que llega Sergio G. Ueda Tsuboyama, director de seguridad y perito en seguridad ciudadana y seguridad privada, además de docente en seguridad privada en la empresa Quorum Formación.
La cuestión ha salido a la luz debido a los últimos casos que han ocurrido, el de la muerte de joven isleño es el que ha encendido todas las alarmas y que ponen en entredicho a todo un sector en el que los intereses de las empresas de formación no siempre coinciden con los de las empresas contratantes, amén de que se ha aprobado una Ley que se ha quedado corta para conseguir los propósitos que han venido demandando los enseñantes.
La Ley de Seguridad Privada 5/2014 fue aprobada hace ya dos años y “aún seguimos sin un reglamento acorde a dicha normativa que regularice y ayude a modernizar el sector. Muchos pensábamos que la seguridad privada se iba a regularizar de forma real y efectiva, que no iba a ser un ‘lavado de cara’”.
Distintos especialistas coinciden en que a esta ley le falta mucho para llegar a ser tan efectiva como debería ser. Las agresiones hacia vigilantes de seguridad y la desprotección frente a éstas, que es una de las más viejas reivindicaciones de este sector, aún no se materializa de forma real y efectiva. Así como las horas de formación que deberían incrementarse tampoco han visto una transformación cercana a la realidad. Y finalmente, la realización de pruebas psicotécnicas y evaluaciones psicológicas periódicas, así como toxicológicas simplemente no figuran en esta nueva ley.
Sobre el tema de la protección jurídico-legal “he sido claro con respecto a mi posición en cuanto a que la protección jurídica debe ir acompañada de una mayor formación y de la mano de una mayor selección de mejores profesionales a través de exámenes psicotécnicos, toxicológicos y psicológicos”. Esto no va a garantizar que se “cuele” alguna persona desequilibrada o aficionada a sustancias tóxicas, pero sí sería un primer gran paso para quedarse con los mejores trabajadores de la seguridad privada.
“Aunque no conozco a fondo los pormenores de tremendo caso, me atrevería a decir que este caso guarda mucha similitud y es fiel reflejo de lo que acontece en muchos servicios. Es decir, las empresas a través de sus respectivos jefes saben perfectamente lo que acontece en cada servicio, pudiendo muchas veces prevenir estos actos, pero por dejadez, desidia o simplemente porque no les interesa el bienestar psicológico de los demás trabajadores no hacen absolutamente nada”, dice Ueda.
Limitándose a lo que se ha sabido por la prensa y a lo que le han contado compañeros del sector, Marchante informó hasta en tres ocasiones a sus superiores del comportamiento del otro vigilante. “ ¿Quién tiene entonces la verdadera responsabilidad de lo que allí sucedió? ¿La empresa por hacer caso omiso a su responsable de equipo? ¿La UCSP por no ejercer un real control de los cursos que se imparten? ¿O el Ministerio del Interior por no exigir un control psicológico y psicotécnico a los vigilantes de seguridad?, se pregunta Ueda.
“Como se puede ver, el trágico resultado es la suma de una serie de errores que ha desembocado en este luctuoso hecho, que desde mi humilde punto de vista se pudo haber evitado si la empresa de seguridad hubiera desembarcado al presunto homicida al primer informe recibido”, dice de forma concluyente.
“¿Y por qué digo también que la Unidad Central de Seguridad Privada tiene parte de culpa? Porque sencillamente ellos a través de la Unidad de Doctrina y Educación deberían incrementar las horas de formación para los cursos de formación específica, que es uno de los requisitos básicos para subirse a un barco”.
Ueda considera “imposible y una tarea harto difícil” que un vigilante aprenda en diez horas (porque las otras diez son no presenciales) las normas básicas de combate en un barco, o cómo actuar frente a un ataque terrorista o cómo repeler un abordaje. Todo esto no se aprende en una tarde.
¿Y el Ministerio del Interior? “Pues la culpa de ellos es permitir que vayan en un atunero sólo tres vigilantes de seguridad ¿Y cuándo descansaba este personal? ¿Cuando tocaba tierra solamente? A todas luces se ve que se permitió la salida a faenar de dicho barco con sólo tres agentes, cuando lo normal son cuatro o cinco”.
Pero el perito todavía llega más lejos.¿Cómo se permitió que un vigilante de seguridad con un perfil un tanto violento, siga embarcado tantos días? “Aquí es donde radica la responsabilidad de la empresa. También es preciso aclarar una cuestión que la prensa por desconocimiento ha estado propagando: la evaluación psicológica que realizan los vigilantes de seguridad para obtener la licencia de armas es solamente una sola vez antes de obtenerla, y cada cinco años se repite de nuevo”.
Esta evaluación se puede hacer en cualquier clínica o consulta privada. “Mi sugerencia es que al igual que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, los vigilantes de seguridad deberían ser evaluados por estos psicólogos adscritos a estos cuerpos. Pero no sólo para la obtención de la licencia de armas, sino para el acceso mismo a la profesión. Estoy seguro que de esta forma limitaríamos el acceso a esta profesión de un gran número de personas que ve en la seguridad privada un medio de escape a sus frustraciones o una válvula de escape o quizás se piensa que en este trabajo tendrá emociones fuertes”.
El trabajo de la seguridad privada es un sector que quema mucho, ya que el vigilante se haya en medio de muchas decisiones a las que a veces tiene que hacer frente y no quiere quedar mal ni con el cliente ni con la empresa, dice Ueda.
Y más si el cliente no tiene ni idea que a ese trabajador lo regula una ley, la misma que regula faltas y sanciones de empresas y personal de seguridad. De hecho hay el artículo 30 habla de los principios de actuación. “Además de lo establecido en el artículo 8, el personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los siguientes principios básicos: Legalidad, integridad, dignidad en el ejercicio de sus funciones, orrección en el trato con los ciudadanos, congruencia, aplicando medidas de seguridad y de investigación proporcionadas y adecuadas a los riesgos.
También habla de la proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa y de investigación, de la reserva profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones y de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El personal de seguridad privada estará obligado a auxiliar y colaborar especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a facilitarles la información que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, y a seguir sus instrucciones en relación con el servicio de seguridad privada que estuvieren prestando”.
¿Cuántas veces no hemos leído o sido testigos de alguna mala actuación de algún vigilante de seguridad? ¿Quién tiene la culpa entonces si un vigilante trata mal a la gente, no actúa dignamente, o se dedica a divulgar “sin querer queriendo” secretos profesionales que guarden relación con su servicio, etc, etc?
“Pienso que el único culpable es la empresa que permite todas estas actitudes en los malos profesionales. Y claro, los malos trabajadores estarán siempre encantados con este tipo de empresas y de malos jefes”.
“Sea como fuere, me atrevo a decir que este no será el último caso que suceda, es triste reconocerlo pero es la verdad. Y ya sabemos que decir la verdad en este país no es políticamente correcto”, dice Ueda, a la vez que se pregunta cuantos vigilantes más tienen que morir asesinados para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.
¿Hasta cuándo tendremos que tolerar malas actuaciones de gente que no tiene la más remota idea de los que es brindar vigilancia y protección? “Cuando me he pronunciado sobre este tema en congresos o en algunos foros, la gente siempre se piensa que hablo de los nuevos vigilantes de seguridad, pero no; tanto entre trabajadores muy antiguos como entre los nuevos he encontrado gente frustrada o que se cree que por tener 15 ó 20 años de vigilante ya lo sabe todo y no acepta que el ser humano está en constante aprendizaje. Como siempre digo a mis alumnos “el primero que está aquí para aprender soy yo”.
