¿Se siente más cómodo ahora, como Fiscal Jefe, que cuando investigaba aquellos casos tan mediáticos?
-Son dos situaciones totalmente distintas. Aunque sea una paradoja, cuando uno tiene la opción de dedicarse con una cierta responsabilidad a un número reducido de asuntos, la verdad es que es más cómoda esta opción.
Malaya ha cumplido diez años ¿Se ha aprendido algo de aquel caso?
-Creo que bastante. Más allá del resultado, habría que destacar un aspecto esencial como fue todo lo concerniente a la investigación penal. Se logró implicar a la investigación meramente policial del valor añadido que supone la información procedente de la Agencia Tributaria. La unión de fuerzas ha sido muy importante y de hecho ahí está el resultado en cuanto a incautación de bienes.
Usted planteó que la sentencia debía ser ejemplar y le respondieron que las sentencias deben ser justas. ¿La gente pide justicia o ejemplaridad?
-Las normas penales tienen un marco, un mínimo y un máximo, y simplemente estábamos reclamando que, a la vista de la situación de ilegalidad manifiesta que se había venido produciendo en el ayuntamiento (Marbella), entendíamos que la respuesta debía ser la adecuada a la magnitud de la corrupción evidenciada.
Se condenó a 52 de los 95 juzgados y hubo rebaja de penas. ¿Le produjo sensación de frustración?
-Si, por supuesto, absolutamente de frustración, porque aun reconociendo la dificultad del enjuiciamiento y de la prueba, yo no considero un éxito profesional una condena en esa condiciones. Por más que ha habido un trabajo de investigación muy importante y por más que son las reglas de juego. El derecho penal español tiene unas premisas, una presunción de inocencia y un principio de in dubio pro reo, de contenido humanitario. La duda favorece al presunto responsable y esa es la situación. La institución y yo hemos sido lo suficientemente autocríticos sobre el papel desarrollado.
Quedan flecos como la huída de Carlos Fernández, que sigue en busca y captura. ¿en este caso prescribiría ya el delito relacionado con Malaya?
-Habría que ver la acusación que versaba sobre él. Este señor es prófugo porque fue condenado por un tribunal popular por un delito de malversación, donde el plazo de prescripción puede que sea algo superior. Es sorprendente pero no se ha podido capturar.
¿Hay alguna pista?
-Pues la verdad que no tenemos ni idea.
Casos como Astapa o Arcos siguen sin juicio diez años después ¿Qué mensaje se da a la ciudadanía?
-Un mensaje totalmente desolador. Es como la proclamación formal de la insuficiencia de medios por parte de la administración de justicia. Concretamente en el caso Astapa concurren circunstancias específicas, que se concretan en la dificultad de la fijación de los hechos. Las comprobaciones periciales son complejas y la paradoja es que hay numerosos convenios que hay que verificar.
¿Es sólo falta de medios o de coordinación?
-Creo que un poco de todo, pero se exige una gran carga de trabajo a un órgano que está llevado por una única persona. Estepona es una localidad donde la carga de trabajo es muy importante y habría que pensar la forma, con las modificaciones legales que fueran oportunas, para crear verdaderos equipos de jueces de instrucción, porque son los que dirigen la investigación de los procedimientos penales. Eso podría acortar los plazos. Este modo de operar, es decir, con un criterio pragmático, es lo que existe en todo Europa y no produce escándalo, concentrar los esfuerzos en determinadas actuaciones penales. Nuestra ley actual en cierta medida lo impide; hay que investigar todo. Y eso, con unos medios escasos, tiene las dificultades que estamos viendo.
La Fiscalía va a revisar 37.000 asuntos pendientes hasta junio y se han puesto tres refuerzos ¿Resultan suficientes?
-Parece que los medios son ciertamente insuficientes. Que no nos engañemos, si dedicamos nuestros esfuerzos a revisar pendientes, los de nuevo ingreso se ponen a la cola. La necesidad de revisar es permanente. El establecimiento de un plazo a la investigación, tal y como se ha articulado, transfiriendo la responsabilidad del control del plazo al Ministerio Fiscal es inadecuado.
¿Qué le parecieron las declaraciones del consejero De Llera sobre la falta de independencia de jueces y fiscales?
-Entenderá que no me manifieste a hacer juicios de un responsable político. Nos llama la atención el sambenito de la falta de independencia cuando la imparcialidad es un requisito de nuestra actuación profesional. Es un argumento que se suele utilizar para no trasladar la investigación penal al Ministerio Fiscal, trasladarla de un órgano que es constitucionalmente independiente (jueces) a otro que se presume que es dependiente, y eso lleva aparejado un cierto reproche. En términos comparativos no se sostiene. Parece que tampoco es la opinión mayoritaria de la clase política, porque ha habido dos proyectos de reforma del procedimiento penal. Habría que exponerlo con más detenimiento, dónde están las objeciones que en España se vienen oponiendo a esta atribución de la investigación.
Se refería a su sistema de elección.
-Decía antes que había sido muy edificante la suma de esfuerzos de cuerpos de funcionarios que tienen una dependencia orgánica y funcional de la administración del Estado. Podemos ponernos a cuestionar la independendencia de todos, pero eso no se sostiene. Por esa misma regla no se podrían acometer investigaciones que afecten al Gobierno de turno y la realidad demuestra que esto no es así. Hay que acabar con este sambenito.
Se ha cambiado el término imputado por investigado. ¿Está de acuerdo?
-Considero que es más adecuada la expresión investigado que imputado, y que conecta mejor con la idea de presunción de inocencia. En la legislación anterior bastaba con admitir la denuncia o la querella, pero eso parece que es un momento muy provisorio. La decisión de postergar la imputación a un momento posterior, cuando la investigación ya ha culminado, es correcta procesalmente.
