La portavoz adjunta de Participa Sevilla, Cristina Honorato, y el portavoz municipal de Izquierda Unida en la capital, Daniel González Rojas, han mantenido este viernes una reunión de trabajo con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para evaluar la problemática del acceso al agua que sufren muchas familias y los pasos que se están dando desde las administraciones públicas para garantizar este derecho universal.
Rojas y Honorato han trasladado a Maeztu las reivindicaciones de la campaña '¡Ni un día más una vivienda sin agua!' puesta en marcha por IU y Participa Sevilla, además de otros colectivos sociales, según un comunicado conjunto de los partidos.
También, le han informado de los avances logrados a raíz de esta iniciativa en la capital hispalense, como una serie de medidas encaminadas a garantizar el derecho al acceso al agua y al saneamiento aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y Emasesa.
Los concejales de IU y Participa han valorado el interés mostrado por Maeztu y "su disposición a implicarse activamente en la consecución de los objetivos de esta campaña, como son cambios en el reglamento de Emasesa para prohibir los cortes de agua, garantía de un suministro mínimo vital a todas las personas que se encuentren en una situación de emergencia social, en línea con el compromiso que esta institución viene demostrando en la defensa de los derechos humanos".
Las formaciones han expresado que la presión "debe continuar" para que los compromisos logrados en las últimas semanas se lleven a cabo y "no queden en papel mojado". Igualmente, han coincidido con el Defensor del Pueblo en la importancia de informar a todas las oficinas de servicios sociales de estos cambios, así como que se mejore la difusión de los derechos que cualquier persona tiene.
Tanto Rojas como Honorato han compartido también con Maeztu la necesidad de modificar a nivel andaluz el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, para "introducir el reconocimiento explícito del derecho humano al agua como derecho inalienable e inviolable, incluyendo así el derecho de los andaluces a no verse privados del suministro por su situación de precariedad habitacional, y a recibir un suministro mínimo vital cuando su situación económica así lo requiera".
