Los cuatro sindicatos con representación en el centro penitenciario Puerto III --Acaip, APFP, CSIF y UGT-- han solicitado la "inmediata destitución" del actual director, a quien reprochan que no tomara "ninguna medida" tras la reunión que mantuvieron "hace dos meses" para informarle de la situación de los funcionarios por la "excesiva y alarmante concentración de internos muy peligrosos y conflictivos, muchos de ellos con patologías psiquiátricas", y en la que le alertaron concretamente del recluso que el pasado día 21 atacó con un pincho a varios funcionarios y causó "graves lesiones" a cinco de ellos.
No queremos medallas, queremos seguridad y que no nos asesinen en nuestro puesto de trabajoEn un comunicado conjunto remitido a Europa Press, los sindicatos han destacado que tras el suceso de la semana pasada "no hay ningún funcionario de prisiones muerto sencillamente por suerte", ya que la dirección "no tomó ninguna medida y descargó toda la responsabilidad en sus superiores jerárquicos" cuando se le advirtió de que "de un momento a otro iba a ocurrir un incidente de extrema gravedad" con el preso en cuestión.
Sobre el recluso, de origen guineano y catalogado como "de máxima peligrosidad", han indicado que cumple una condena de 22 años por asesinar a su pareja tras asestarle 25 puñaladas en 2005, y otra condena de 17 años por asesinar a patadas en la cabeza a otro interno en 2014 en la cárcel de Córdoba. A su peligrosidad han añadido su corpulencia, toda vez que mide 1,90 y pesa 120 kilos.
Los sindicatos señalan al director del centro como "responsable directo" de la agresión a los funcionarios por su "pasividad, incompetencia, desidia e inoperancia", toda vez que "ni tan si quiera tomó medida preventiva alguna que pudiera haber evitado o minimizado la agresión sufrida después de la reunión sindical mantenida", han insistido.
DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES
Los sindicatos han hecho un llamamiento a la clase política, a la que reprochan que sea "incapaz" de dotarles de "los medios necesarios para salvaguardar nuestra integridad en el ejercicio legítimo de nuestra profesión".
En su opinión, la clase política debe tomar conciencia de que "de los 63.000 internos que hay en España, 50 de ellos son tremendamente peligrosos, muy violentos y agresivos, y 15 de ellos se encuentran en Puerto III".
Han reflexionado que se trata de presos "con tanta condena acumulada que cualquier otro asesinato que comentan les sale totalmente gratis". Por ello, exigen a los responsables políticos que "dejen de mirar para otro lado y nos doten de los medios mínimos necesarios para custodiar a estos internos".
Asimismo, los sindicatos han reclamado la "difusión inmediata" de los hechos ocurridos el pasado día 21 en el centro penitenciario, ya que "todo el incidente ha sido gravado por el sistema de videovigilancia del departamento donde se encontraba el interno".
Dicha grabación está "en poder del secretario general de Instituciones Penitenciarias y del director de la cárcel", a quienes piden "un gesto de decencia" para que el vídeo "no sea ocultado", ya que "la opinión pública tiene derecho a saber".
USO DE ESPOSAS
Han explicado que los funcionarios de prisiones son "conscientes y aceptan todos los riesgos inherentes a la profesión", pero no están dispuestos a "soportar aquellos que se prevén y se avisan sin que se adopte ningún tipo de medida". "No queremos medallas, queremos seguridad y que no nos asesinen en nuestro puesto de trabajo", han enfatizado.
Según han apuntado, otros funcionarios policiales pueden portar personalmente su dotación y protección en el ejercicio de su labor, resaltando que incluso los vigilantes de seguridad de centros comerciales portan grilletes y esposas.
Sin embargo, los funcionarios de prisiones tienen "limitado o restringido su uso" y dichos medios deben estar depositados "en taquillas", de manera que "nunca podemos usarlos de manera inmediata" cuando se da una situación de necesidad, tildando de "surrealista" que tengan que desplazarse a buscarlos.
Han argumentado que en países europeos del entorno y en EEUU "la utilización de las esposas dentro de las prisiones es habitual para trasladar a todos los internos", subrayando que lo que ellos piden es que "se utilicen con internos catalogados como muy peligrosos", preguntándose "por qué no se puede utilizar una medida tan básica y necesaria para que no nos agredan".
Por último, han recordado que los funcionarios de prisiones son "funcionarios civiles de la Administración del Estado y no tenemos ninguna preparación ni cualificación para tratar con internos de extrema peligrosidad". Han indicado que hace un tiempo se habló de crear un grupo específico de funcionarios debidamente entrenado y preparado para vigilar a ese reducido número de internos, pero "a día de hoy no hay nada al respecto".
