El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado por unanimidad, por primera vez, las bases de la nueva convocatoria del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR), mediante el cual la institución adelantará partidas a los municipios por un montante total de 70 millones de euros, con cargo a la recaudación tributaria de los mismos y sin intereses financieros.
En su intervención, la portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Trinidad Argota, ha calificado el FEAR como un programa "magnífico e incuestionable", mientras que la diputada delegada del Área de Hacienda, Concepción Ufano, ha destacado que son los FEAR "más fuertes y completos que nunca" para atender a los pueblos que "padecen más dificultades" y que permitirán atender la mayoría de las peticiones. Además, Ufano apuesta por que los intereses ahorrados con esta iniciativa, que estima en cinco millones de euros, sean destinados a obras y servicios que "beneficien a todos".
En este marco, la responsable de Hacienda ha anunciado que ya está en estudio la ampliación de líneas para la próxima edición, unas líneas que estarían relacionadas con los gastos de combustible, la luz o el gas.
De tener encaje legal, se unirían a las siete que ya existen en los FEAR, donde este año se incorporan los adelantos económicos para el pago de deudas de los ayuntamientos con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con convenios de fraccionamientos o aplazamientos, para lo que los ayuntamientos contarán con un plazo máximo de reintegro que no puede exceder los 110 meses y que vendrá marcado por lo contemplado en los convenios.
Entre las otras líneas se encuentran los anticipos reintegrables para préstamos de mandato destinados al saneamiento del remanente de Tesorería, al cumplimiento de obligaciones que se deriven de la ejecución de sentencias firmes pendientes de pago, para la financiación de inversiones municipales o de operaciones de crédito a largo plazo realizadas con anterioridad, así como la refinanciación de deudas con la Seguridad Social o para atender necesidades transitorias de Tesorería.
Esta edición también cuenta, como novedad, con la posibilidad de que concurran las entidades locales autónomas (ELA) que tengan convenio vigente con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), como ocurre en el caso de los ayuntamientos.
De su lado, la portavoz del PP, Virgina Pérez, ha pedido "diligencia" al gobierno de Fernando Rodríguez Villalobos a la hora de trasladar la información sobre las bases a la oposición "con más tiempo" y critica que haya "municipios de primera y de segunda", añadiendo que no hay capacidad para corregir la situación con esos 70 millones, "un dinero que es de los ayuntamientos y que tiene que ir a ellos.
Tras valorar la incorporación de las ELA, ha pedido la ampliación de los plazos para la solicitud de estos fondos por parte de los ayuntamientos, algo en lo que ha coincidido con el portavoz de C's, Javier Millán, ante lo que Villalobos se ha mostrado flexible siempre que cuente con el acuerdo de los alcaldes, que después "nos dan pellizcos para poner el FEAR en marcha cuanto antes".
Millán también ha incidido en que con esta acción la Diputación ejerce una labor de "banco bueno" y valora que se atienda la "reivindicación histórica" de las ELA, subrayando que todo esto "redunda en la prestación del servicio público y en la mejora de la calidad de vida".
ATENCIÓN A LOS PUEBLOS "QUE NECESITAN SER SALVADOS"
Por su parte, la portavoz de IU, Engracia Rivera, ha alertado de que este fondo "va a salvar a los pueblos que no necesitan ser salvados", ya que considera que los que se encuentran en peor situación no pueden entrar en esta iniciativa o en otras como el Plan Supera al no estar al corriente de los pagos con la Seguridad Social. Sin embargo, afirma que hay otras diputaciones que han sacado también anticipos reintegrables pero "sin tantos requisitos" como en Sevilla.
Asimismo, el portavoz de Participa, Julián Moreno, ha puesto en valor estos fondos, asegurando que estas "ayudas son lo más parecido a una banca pública que existe actualmente". Sin embargo, ha lamentado que haya municipios "que se queden fuera por no poder cumplir unos requisitos muy duros que están marcados por la normativa estatal". Igualmente, destaca que se haya vuelto a apostar por las ELA para "no caer en la dinámica de Montoro de hacerlas desaparecer".
A LA ESPERA DEL NUEVO GOBIERNO
Ante esto, Ufano ha insistido en que "para que estos pueblos no se queden fuera, se necesita cambiar la ley", un objetivo hecho suyo Villalobos, quien, como también presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) acudió a Madrid para entrevistarse con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que "se escondió y dijo que no lo podría recibir".
Virgina Pérez, de su lado, asegura que Beteta "no se escondió por estar en funciones", sino que entiende que un Gobierno central en la situación del actual "no puede tomar decisiones". La popular acusa directamente al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y a Podemos de "no tener suficiente altura de miras", después de que Mariano Rajoy presida el partido que ha conseguido un mayor número de votos en estas últimas dos elecciones.
Frente a esto, Argota argumenta que el PSOE "no tiene la culta de que no haya gobierno", sobre todo teniendo en cuenta que es el PP el que "ha perdido la mayoría y es incapaz históricamente de llegar a un acuerdo y de dialogar". Además, ha pedido a Pérez "no meterse en esos jardines", asegurando que no se va a "ocupar de otra senadora" que estaría poniendo al partido en una situación "complicada", en referencia a Rita Barberá, quien será investigada por el Tribunal Supremo por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia cuando era alcaldesa de la ciudad.
